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El Congreso pone límites a la Justicia Universal

La Justicia española sólo podrá perseguir casos cuando existan víctimas españolas, haya algún vínculo con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español

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Como estaba previsto, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con mayoría absoluta el proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, en el que se incluyó entre otras cuestiones una limitación de las competencias de España en la persecución de delitos internacionales.

Actualmente, la Audiencia Nacional mantiene abiertos 14 frentes distintos. Es decir 14 investigaciones pendientes que van desde el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989, hasta el proceso iniciado a finales del mes pasado por el propio Garzón contra los responsables de la cárcel de Guantánamo. Unos procesos que quedarán en nada con la reforma legislativa.

La causa abierta por la Audiencia Nacional para interrogar a ocho responsables políticos y militares chinos -tres de ellos ministros- sobre los disturbios en la capital de Tíbet del año pasado reabrió el debate sobre la conveniencia de que España investigara hechos cometidos en suelo internacional. También las investigaciones de los abusos por parte de Israel, que acabaron con un toque de atención por parte de Israel al Gobierno español y en una petición de cambio legislación motivaron una reflexión al respecto.

El cambio en la manera de juzgar en suelo español se ha materializado hoy con unos límites claros. En la votación de conjunto, que requería mayoría absoluta dado su carácter orgánico, la reforma contó con el apoyo de PP, PSOE, PNV, CiU, ERC e UPyD, mientras que votaron en contra los dos diputados de IU-ICV y se abstuvieron los tres que suman el BNG y Nafarroa Bai.

En lo que a la limitación de la Justicia Universal se refiere, la reforma fue apoyada por el PSOE, PP, CiU y PNV con el objetivo de que la Justicia española sólo pueda perseguir casos de genocidio y lesa humanidad 'cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español'.

Desde el PP, la diputada Dolors Montserrat justificó este acuerdo explicando que 'la evolución seguida por los tribunales y principalmente por la Audiencia Nacional requería una importante reflexión para adaptar el precepto de la Jurisdicción Universal al principio de subsidiariedad y a la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y homologarlo con los países del entorno'. En esa línea, se refirió a 'los conflictos diplomáticos que generaban algunas sentencias inaplicables'.

'En ningún caso se trata de que los crímenes queden impunes, sino de homologar nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno', defendió también el diputado socialista Julio Villarrubia, quien añadió que 'se han incluido crímenes que antes no estaban expresamente incluidos como los crímenes de guerra y lesa humanidad'.

Explicó que España podrá seguir persiguiendo estos delitos siempre que no se haya iniciado otro proceso en una corte internacional, en el país de origen del investigado o en el estado afectado por las actividades investigadas.

Por parte de Esquerra Republicana, Joan Ridao manifestó su 'apoyo global' a la reforma en términos generales, aunque no ocultó sus 'reservas' en lo que afecta a la jurisdicción universal. 'Este punto había sido una conquista propia de una sociedad avanzada, y eso debería haber continuado siendo así', lamentó.

En la misma línea, su compañero de grupo y diputado de IU, Gaspar Llamazares, declaró que 'hoy es un día triste para la Justicia Universal y para la defensa de los Derechos Humanos y para las víctimas, hoy sólo brindarán con champán los halcones de Guantánamo y los halcones de Gaza'.

Para el ex dirigente de IU, esta reforma lleva a 'la conclusión del doble rasero: hay una Justicia para el tercer mundo y una injusticia internacional para los blancos del primer mundo. Cuando esto ha llegado a Israel y a EEUU han mandado parar'.

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría comenzó definiendo el resultado de esta reforma como 'la Ley de defensa de intereses difusos' ya que, a su entender, 'menos una Oficina Judicial eficiente se regula de todo' y añadió que se ha aprovechado 'para desactivar el conflicto planteado por los jueces'.

A partir de ahí, y en cuando a la Justicia Universal, reprochó al Grupo ERC-IU-ICV por sus críticas a la reforma de este punto concreto. Aseguró no entender las quejas ya que, a su juicio, la modificación no supone dejar de perseguir delitos internacionales, siempre que haya relación con España. 'No ha cambiado, no entendemos por qué tanto aspaviento', sentenció Olabarría, quien, pese a sus reproches al proyecto, anunció el apoyo de su grupo.


Durante la sesión plenaria de hoy, también fueron aprobadas algunas de las reivindicaciones realizadas por los jueces, como la supresión de los traslados forzosos por ascenso o la creación de la figura del juez de adscripción territorial.

Villarrubia, quien felicitó en varias ocasiones a todos los grupos parlamentarios por su esfuerzo en la elaboración de esta reforma, manifestó su satisfacción indicando que la nueva oficina judicial y sus complementos sienta las bases de la modernización de la Justicia.

Por su parte, la dirigente 'popular' defendió que 'la Nueva Oficina Judicial acumulaba ya seis años perdidos por los vaivenes políticos y no se admitían más demoras'. Admitió que 'las amenazas de los jueces y las huelgas de los secretarios y funcionarios del año pasado forzaron al gobierno a ocuparse de la Justicia', por lo que lamentó que esta reforma sea 'fruto de presiones', algo que, a su juicio, ha provocado 'un trámite acelerado'.

Para este proyecto complementario hoy aprobado, el PSOE y el PP también consensuaron una enmienda que implantará un depósito económico obligatorio para la presentación de recursos en la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativa. CiU, PNV, ERC y BNG no lo apoyaron al considerar que esta medida debería repercutir en las comunidades autónomas.

'Voluntad política'

En representación del Grupo Mixto, la diputada de UPyD en el Congreso, Rosa Diez, indicó que lo que hoy se aprueba 'no es más que una voluntad política que debe traducirse en una mayor inversión en la Administración'. En ese sentido, la ex dirigente socialista comparó esta situación con las expectativas que generó la ley de Dependencia. 'Espero que en este caso si podamos sentirnos orgullosos en el futuro', apostilló.