Las empresas de telecomunicaciones y las cadenas privadas de televisión se beneficiarán de topes en sus futuras aportaciones para el sostenimiento de RTVE gracias a un acuerdo alcanzado hoy en el Congreso entre los socialistas y CiU en el marco del debate sobre el proyecto de Ley de financiación de la radiotelevisión pública, que suprime la publicidad en TVE. La norma, que fue aprobada hoy por la Comisión Constitucional con competencia legislativa plena, será remitida ahora al Senado para su aprobación definitiva.

El acuerdo, plasmado en una enmienda transaccional incorporada al texto del proyecto de Ley, establece que el importe del 0,9% de los ingresos brutos anuales de las ‘telecos' destinados a la financiación de RTVE no podrá superar el 25% de los ingresos de la Corporación previstos para cada año. En el caso de las televisiones en abierto, que contribuyen con el 3% de sus ingresos, la cantidad que finalmente destinen a RTVE no podrá rebasar el 15% del presupuesto de la Corporación, mientras que la tasa de las televisiones de pago, del 1,5% sobre sus ingresos, tendrá que representar como máximo el 20% de los ingresos de RTVE.

Además, quedarán exentas de pagar aquellas ‘telecos' que 'no presten ningún servicio audiovisual ni cualquier otro servicio que incluya ningún tipo de publicidad', lo que según el PSOE sólo afecta a unas pocas empresas de pequeño tamaño.

Al mismo tiempo, y también a través de enmiendas transaccionales acordadas con CiU, el texto vuelve a suavizarse en relación con las telecos al permitir que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones pueda permitirles, si bien de forma excepcional, 'aplazamientos o fraccionamientos de pago' a la hora de hacer frente a sus obligaciones para el sostenimiento de RTVE.

Según explicó el portavoz socialista, Óscar López, con estas enmiendas se ha pretendido sobre todo 'dar garantías' a las ‘telecos' y asegurar que su aportación no pueda resultar en el futuro 'desproporcionada' para las necesidades de RTVE en el caso de los ingresos de estas empresas aumenten de forma sustancial. 'Hay que dar garantías a las ‘telecos' estableciendo unos topes para que se pueda, por un lado, garantizar la suficiencia financiera y el equilibrio presupuestario; y por otro, tener en cuenta que una futura evolución del mercado no derive en un pago claramente superior a lo que requiere RTVE', agregó.

Por otro lado, el PSOE aceptó también una enmienda de IU para limitar al 10% del presupuesto anual total de compras de RTVE los fondos destinados a comprar eventos deportivos de interés general, acontecimientos que tendrá que determinar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, un órgano de futura creación recogido en el anteproyecto de Ley General Audiovisual. Sin embargo, en este caso se contemplan como excepción los Juegos Olímpicos, ya que su elevado coste (los de Pekín costaron 55 millones) imposibilitaría la adquisición de otros derechos.

Asimismo, los socialistas pactaron con IU que, en el caso de que el fondo de reserva establecido por la Ley no pueda compensar una hipotética reducción de los ingresos de RTVE, y siempre que el gasto no haya sobrepasado los límites, se completará este déficit con fondos de los Presupuestos Generales del Estado. Además, y gracias también a una enmienda pactada con IU, se permitirán los patrocinios de eventos deportivos y culturales, pero sin que RTVE pueda obtener rendimiento comercial de los mismos y cuando el patrocinio 'forme parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir'.

Por otro lado, el Grupo Socialista ha aceptado también una enmienda del PP para limitar a 52 el número de películas de estreno de las grandes productoras de cine estadounidenses que TVE podrá emitir cada año, en lugar de las 70 contempladas inicialmente. Desde las filas socialistas se criticó especialmente una enmienda del PP que perseguía suprimir uno de los múltiples asignados a TVE, lo que en la práctica supone eliminar cuatro canales de la oferta de la televisión pública. 'Es incompatible con que TVE sea líder', explicó López.

Otras de las mejoras del texto se refieren sobre todo a la incorporación de garantías para asegurar la pluralidad lingüística de las emisiones y el acceso a los contenidos por parte de colectivos desfavorecidos.

Aunque López espera que la Ley salga 'limpia' del Senado, lo que supondría su entrada en vigor automática sin necesidad de volver al Congreso, es previsible que pueda haber alguna modificación en la Cámara Alta que suponga un retraso adicional en la tramitación del texto, que se hace por vía de urgencia.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular en el dabate de hoy, Luis Ayllón, ya avanzó al término de la reunión de la Comisión Constitucional que 'quedan muchas cuestiones fundamentales sin resolver' y es 'una opción razonable' que se presenten enmiendas. 'El PSOE se empeña en hacerlo mal y vamos a aprovechar todas las oportunidades que tengamos para tratar de mejorar el texto no sólo por una cuestión política, sino para dotar al modelo de un futuro real y que dentro de tres o cuatro años no tengamos que volver a repensarlo y cambiarlo', dijo.

En cualquier caso, Óscar López confía en que la Ley pueda estar aprobada en septiembre, si bien esto no significa que TVE dejará de emitir publicidad de forma inmediata, sino de contratarla. De hecho, hasta el 31 de diciembre podrá haber anuncios en TVE.