'Nadie nos informó de que podíamos a ir a un psicólogo, sólo nos dijeron que debíamos esperar a que la niña naciera'. En enero de este año, Borja y su novia (de quien prefiere preservar el nombre) acudieron a una revisión rutinaria en el ginecólogo, donde recibieron la peor noticia sobre el bebé que esperaban: en el séptimo mes de embarazo les explicaron que su hija tenía una grave malformación (su cerebro no estaba desarrollado) y su esperanza de vida al nacer sería nula.

Ninguno de los dos quería traer al mundo un bebé en esas condiciones, pero la actual ley del aborto sólo permite la interrupción del embarazo cuando existen malformaciones en el feto en las 22 primeras semanas. Sólo les dieron una opción: la niña debía nacer.

Si algún médico les hubiera explicado que cuando existe riesgo para la salud de la madre no hay límite de plazo para abortar, no hubieran tenido que viajar hasta Francia. En un hospital de París les hicieron todo tipo de pruebas y, finalmente, pudieron interrumpir el embarazo.

Casos como el de Borja y su novia (ahora separados), no son frecuentes, pero existen. Una de cada dos malformaciones del feto se diagnostican una vez superadas las 22 semanas de embarazo. Así lo explicó el martes un responsable de la Clínica Dator, Guillermo Sánchez, durante su intervención en la segunda sesión de la subcomisión de Igualdad del Congreso, que estudia una reforma de la actual Ley del Aborto.

Por este motivo, este experto, propuesto a petición del grupo socialista, denunció 'las limitaciones' que sobre este tipo de casos impone la actual normativa, aprobada en 1985. 'Muchas malformaciones son graves e incompatibles con la vida', explicó. Además, reclamó que la nueva normativa incorpore 'legislación clara sobre la objeción de conciencia'.

Por su parte, los catedráticos propuestos por el PSOE y el PP, que también comparecieron ayer en el Congreso, utilizaron la misma doctrina del Tribunal Constitucional para argumentar a favor y en contra de una posible ley de plazos, informa Europa Press. Francisco Balaguer (solicitado por los socialistas) se mostró a favor, mientras que Julio Banacloche (grupo popular) afirmó que desprotegía al nasciturus.