Publicado: 10.01.2014 13:00 |Actualizado: 10.01.2014 13:00

El Consejo de Estado, contra el copago en ambulancias de Mato

El órgano consultivo no ve ni ahorro ni racionalización del uso en el transporte hospitalario no urgente en la obligatoriedad de pagar 5 euros por trayecto

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Que revise la medida porque no servirá para los supuestos objetivos para los que fue creada. Esa es la recomendación que el Consejo de Estado ha dado al Ministerio de Sanidad en un dictamen sobre el copago en transporte sanitario no urgente, aprobado en 2012, según ha adelantado hoy la Cadena Ser.

El departamento que dirige Ana Mato ordenó el cobro de 5 euros por trayecto en ambulancia pero "sin evaluar el impacto que tendrá en los ciudadanos", critica, según el citado medio, el Consejo de Estado. Además, dice el dictamen, no servirá ni para ahorrar ni para conseguir la "racionalización" del uso del servicio.

Basándose en la propia memoria económica del Ministerio, el Consejo de Estado observa que "el ahorro puede verse frustrado por el equilibrio o compensación entre ingresos y gastos". "Es decir: lo que las Comunidades Autónomas van a ganar cobrando a los pacientes por sus traslados se lo van a gastar en la gestión del sistema de copago", aclara la Cadena Ser.

En cuanto a la "racionalización" del uso de ambulancias, limitándolo a casos "realmente necesarios por motivos exclusivamente clínicos", el órgano consultivo solicita más concreción a Sanidad en su Real Decreto, ya que —dice— "los criterios para decidir quién puede usar este tipo de transporte son similares a los que rigen actualmente".

Por último, critica al departamento de Mato por no haber realizado, "ni antes ni después de la entrada en vigor" del copago, estudios de impacto de la medida en los pacientes. Por ello, insta al Ministerio a revisar dicha normativa.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha asegurado que "estudiará" este informe, aunque también ha insistido en que la medida se acordó "en el Consejo Interterritorial del 20 de diciembre de 2012, con las comunidades autónomas y tras tener en cuenta las aportaciones realizadas por las asociaciones de enfermos", informa Servimedia.

La Secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, ha calificado de "auténtico varapalo" para la ministra de Sanidad, Ana Mato, y a la política sanitaria del PP, el dictamen negativo emitido por el Consejo de Estado sobre el borrador de Real Decreto que prepara el Ministerio de Sanidad para implantar el copago en el transporte sanitario no urgente.

A su juicio, este dictamen, que ha hecho público un medio de comunicación, es "demoledor" y lo que pone de manifiesto es "el caos, la falta de rigor y la improvisación de Ana Mato" que está gestionando la sanidad pública de todos los españoles "muy mal".

Jiménez ha destacado que las conclusiones del informe señalan que "no merece la pena" imponer este copago a los ciudadanos porque, según las cifras de la memoria económica aportada por el propio Ministerio, cuesta más la implantación del sistema que lo que se recaudaría.

Además, ha recordado que los colectivos más afectados por su implantación serán los enfermos crónicos y los pensionistas, que ya están sufriendo otros recortes en materia sanitaria. "Creo que el Ministerio no se ha planteado el impacto negativo en la salud", ha lamentado.

Para la dirigente socialista "estamos viendo, una vez más, como es o el Consejo de Estado o los Tribunales o los ciudadanos los que rechazan las medidas que el Ministerio está adoptando en materia sanitaria" y, ante esta situación, ha instado al Gobierno a "paralizar" su política de recortes en política sanitaria, aplicando copagos y privatizaciones, porque "ni reducen el gasto ni mejoran la gestión de la sanidad pública española y sólo perjudican a los ciudadanos".

A su juicio, ni siquiera las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP "quieren aplicar estos recortes" y ha recordado, como ejemplo, el anuncio este jueves de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, que aseguraba que sería la Junta quien sufragaría los gastos del copago hospitalario y no lo los pacientes. Para Jiménez, esta es "una muestra más de incoherencia entre lo que legislan y lo que aplican".