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El consejo saliente de Caja Segovia avaló una hipoteca de Bankia con un torreón medieval

El actual presidente pretende que la entidad que dirige Goirigolzarri, en la que se integró esta caja, corra con los gastos para que no perjudique a su obra social

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El consejo de administración saliente de Caja Segovia, que presidía el conservador Atilano Soto, dejó el torreón medieval de Lozoya como aval de un préstamo hipotecario vinculado a una operación inmobiliaria, de siete millones de euros, que condiciona ahora el funcionamiento de la obra social.

Así ha informado este sábado el presidente de Caja Segovia-Obra Social, Rafael Encinas, en un encuentro con periodistas en el que ha dicho que cuando llegaron a la entidad los nuevos consejeros se encontraron 'esta papeleta gorda', que hicieron saber a la dirección de Bankia, en la que se integró la entidad de ahorro segoviana.

El torreón de Lozoya, símbolo de la obra social y cultural de Caja Segovia, fue el aval a un préstamo hipotecario concedido por Bankia a esta entidad, en el mes de julio, para pagar una deuda tributaria motivada por una operación inmobiliaria.

Encinas entiende que si se traspasaron a Bankia los activos y pasivos, esta deuda la tiene que estar pagando ahora lo que queda de Caja Segovia, que será una fundación para administrar la obra social, pero que cuenta con seis millones de euros, menos que lo que debe.

Para el presidente de la entidad segoviana, 'no tiene ningún sentido que si Caja Segovia, en su día, ha traspasado a Bankia todo el negocio, para bien o para mal, lo bueno y lo malo, por una operación del año 2006, nos repercutan las consecuencias de una inspección y de una operación que se hizo en aquella fecha'.

Por eso, de acuerdo con Encinas, se ha puesto todo en manos de los servicios jurídicos para intentar reclamar, al entender que no se tenía que haber aceptado esa operación, que perjudica el futuro y condiciona la viabilidad de la obra social.

La operación que ha requerido el singular aval estaba vinculada a la compra de suelo para un desarrollo urbanístico en Gijón, Asturias, que conllevó una inspección tributaria y el pago de siete millones a las autoridades fiscales.