El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha manifestado hoy que en estos momentos, y por la información de que disponen, no hay "ningún tipo de imputación" contra el exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, con lo cual no tienen "por qué dudar evidentemente de su honorabilidad".

Císcar se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno, en el que se ha destituido al director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y al subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, por el caso de presunta malversación y fraude en la concesión de subvenciones para cooperación.

Sobre la petición de la oposición de cese inmediato del actual portavoz del PP en Les Corts y conseller cuando se concedieron las subvenciones que ahora se investigan, Císcar ha destacado que en estas cuestiones se tienen que "mover por evidencias, por hechos", y de momento no hay "ningún tipo de medida" judicial contra Blasco.

Según Císcar, si de la investigación judicial se desprende que ha habido "un mal uso del dinero público", depurarán "absolutamente todas las responsabilidades", y reclamarán que las personas que hubieran hecho ese "mal uso" devuelvan el dinero.

La Generalitat "hará todo lo que tenga que hacer" para aclarar todas estas cuestiones y depurar las responsabilidades, ha dicho Císcar, quien ha añadido que por ello el Gobierno valenciano se personará como acusación en el proceso judicial, y abrirá expedientes disciplinarios si hay funcionarios públicos imputados.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "lo tiene muy claro: con la corrupción, tolerancia cero; con las irregularidades que puedan existir, también todas las responsabilidades", ha afirmado Císcar, quien ha defendido que la actuación del Consell ha sido "inmediata" y "sin mayor dilación".

Según ha señalado, la Generalitat no tenía conocimiento de lo que se estaba produciendo en la investigación judicial, y por tanto "no podía tomar ninguna medida", como sí ha hecho en cuanto ha conocido que ha habido registros y detenciones, "en un asunto que además causa bastante alarma social".

Císcar ha considerado que no pueden funcionar por lo que pida la oposición o por denuncias que pueda hacer cualquier ciudadano, sino que deben contar con "unos mínimos elementos de juicio".

"Ojalá que al final todo quede en una mera sospecha y que se demostrara, ojalá, la no culpabilidad de las personas que han sido imputadas", pero entre tanto el Consell quiere que no haya "la menor sospecha sobre cualquier persona que forme parte" del Ejecutivo, que actúa con "contundencia" y con "firmeza", ha destacado.

Para Císcar, la Generalitat tiene unos mecanismos de control "exhaustivos" y "efectivos", a través de la Sindicatura de Comptes y de los controles técnicos y económicos que tiene cada licitación y procedimiento administrativo, pero si finalmente se demuestra que se tienen que mejorar esos mecanismos, "por supuesto" que lo harán.

Preguntado sobre si se abrió una investigación interna cuando en octubre de 2010 se conocieron estos hechos, ha explicado que no le "consta", entre otras razones porque en aquel momento no estaba el actual Gobierno, por lo que lo desconoce.

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha empezado a tomar declaración a primera hora de la mañana a los catorce detenidos por la supuesta trama de malversación de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación.

Los catorce detenidos forman parte de una operación policial practicada ayer en Valencia por orden del Juzgado, que lleva investigando este caso desde el pasado año, a raíz de una denuncia de la coalición parlamentaria Compromís que fue tramitada por la Fiscalía Anticorrupción.

Este grupo reveló un supuesto trato de favor de la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Hemisferio para la concesión de subvenciones, organización que a su vez habría desarrollado "toda una trama" para "desviar" fondos públicos.