El pleno del Tribunal Constitucional se reúne hoy con un único punto en el orden del día: la deliberación y fallo de la sentencia del Estatut, que salvo sorpresa será votada artículo por artículo después de que los magistrados no hayan logrado consensuar una resolución en dos años y medio de debates.

La "sorpresa" sólo puede saltar si en las escasas horas que quedan para la trascendental reunión el magistrado Manuel Aragón decide dar finalmente su respaldo a la ponencia redactada por la presidenta María Emilia Casas, inclinando así la mayoría del lado de los progresistas en un pleno dividido al cincuenta por ciento entre éstos y los conservadores.

Las fuentes consultadas en el tribunal, sin embargo, dan por seguro que eso no va a suceder y que el borrador preparado por Casas correrá la misma suerte que los cinco que presentó al pleno la también progresista Elisa Pérez Vera y que fueron rechazados por seis votos a cuatro, el último de ellos el pasado 16 de abril.

Y es que el texto de la presidenta sigue sin satisfacer las exigencias de Aragón -cuya designación por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le encuadra a priori en el sector progresista-, que pretende que el fallo de la sentencia deje claro que la definición de Cataluña como nación recogida en el preámbulo del Estatut carece de cualquier eficacia jurídica.

Fue la redacción dada a ese punto, y su repercusión en la interpretación del artículo 8 del texto estatutario, relativo a los símbolos nacionales, la que impidió que Aragón sumara en abril su voto a los de Pérez Vera, Casas y los también progresistas Pascual Sala y Eugeni Gay, lo que hubiera supuesto la aprobación de la sentencia.

La negativa de Aragón hizo que la ponencia pasara temporalmente a manos conservadoras, aunque el borrador elaborado por el magistrado Guillermo Jiménez no llegó a someterse a votación ante la evidente falta de apoyos para salir adelante, antes de que el pasado 19 de mayo Casas decidiera asumirla personalmente.

Desde el primer momento, la presidenta anunció su intención de notificar la sentencia antes de que, este mismo verano, comience la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas previstas para el próximo otoño.

Además, y en vista de lo que había sucedido con las seis ponencias anteriores, Casas sondeó a sus compañeros sobre la posibilidad de votar la resolución artículo por artículo: ninguno de opuso.

Este sistema está previsto en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que la votación, "a juicio del presidente, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse".

La LOPJ dispone también que, "empezada la votación, no podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor", lo que hace prever que el pleno, cuyo inicio se ha fijado para las 11:00 horas de hoy, se prolongue a lo largo de varios días, ya que el número de artículos del Estatut recurridos supera los ciento veinte.

Acabada la votación, pasarán aún varios días más hasta que vea luz la sentencia, que se adivina un "puzzle" fruto de las mayorías inestables y cambiantes a las que da lugar el sistema de votación por bloques y que a buen seguro contará con numerosos votos particulares.