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El Constitucional solventa la crisis desatada en Guatemala tras la renuncia de Castresana

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La Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca ha abierto una salida a la crisis política desatada tras la decisión del jurista español Carlos Castresana de renunciar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con acusaciones al fiscal general del país.

En un "fallo histórico", el máximo tribunal de este país centroamericano dejó sin efecto en la noche del jueves el nombramiento del fiscal general y jefe del Ministerio Público, Conrado Reyes, quien ocupaba el cargo desde el pasado 25 de mayo por designación del presidente, Álvaro Colom.

El Parlamento guatemalteco, de acuerdo con la resolución de la CC, debe ahora convocar a una Comisión de Postulación en las próximas 24 horas para que inicie un nuevo proceso de elección.

En un plazo de dos meses esta Comisión deberá elegir a los seis abogados aspirantes que obtengan mayor calificación, que incluirá en el grupo que entregarán al presidente para que éste designe de entre ellos al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para un período de cuatro años.

El fallo, dijo el presidente de la CC, Roberto Molina, "es una decisión histórica" que fue dictada de forma unánime por los magistrados de ese tribunal, "para salir de la crisis de institucionalidad que vive el país, como garantes de la Constitución".

Barreto aclaró que la CC no resolvió en función de "si son o no ciertas las denuncias" hechas por Castresana en contra de Reyes, sino "sólo con el fin de superar la crisis institucional".

El pasado lunes, al anunciar su renuncia a la Cicig, Castresana pidió a Colom la destitución de Reyes, a quien acusó de tener vínculos con grupos del crimen organizado que generan impunidad en el país.

El fallo de la CC ordena reiniciar el proceso de elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público y deja sin efecto legal todo lo actuado por Reyes, quien ocupa el cargo desde el pasado 25 de mayo por designación de Colom.

Según Molina, la Fiscalía General deberá ser ocupada "de forma interina" por un fiscal que sea elegido por el Consejo del Ministerio Público hasta que se realice el nuevo proceso de elección.

El mandatario eligió a Reyes dentro de un grupo de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por juristas y académicos, que los escogió de una larga lista de abogados que aspiraron al cargo.

A la petición de Castresana para que Reyes fuera destituido, se unieron desde el primer día decenas de organizaciones sociales del país, encabezados por la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, que advirtieron de que su permanencia en el cargo "fortalecería la impunidad".

Tras conocer el fallo de la Corte, Colom se declaró "satisfecho" y aseguró que el proceso de elección del fiscal general "tuvo problemas desde el inicio" debido al listado de candidatos a ocupar el puesto que le fue entregado por la Comisión de Postulación.

El mandatario señaló que la repetición del proceso de elección "es un reto para la sociedad civil" e hizo un llamamiento "a los buenos abogados" del país a presentar sus candidaturas para ocupar el cargo.

Colom también reveló que durante una reunión que mantuvo el jueves con Castresana, éste le presentó "pruebas y evidencias firmes" sobre las acusaciones que hizo en contra de Reyes.

El gobernante no precisó las pruebas que el ex jefe de la Cicig le ofreció para fundamentar sus argumentos en contra de Reyes, pero aseguró que las mismas demuestran que "gente alrededor del fiscal" está implicada con estructuras paralelas.

Por su parte, en declaraciones a la radio local Emisoras Unidas, Reyes aseguró que acatará el fallo de la CC porque es una persona "respetuosa de la ley y la Constitución".

Además, ofreció que "mañana mismo" entregará el cargo a la persona que sea designada de forma interina mientras se elige al nuevo fiscal general, e insistió en que las acusaciones en su contra "son falsas".

Según la Cicig, el 98 por ciento de los crímenes que se comente cada año en Guatemala se quedan en la impunidad debido a la debilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia, y la infiltración que de éstas han hecho grupos del crimen organizado.