El máximo tribunal de Turquía prohibió el viernes el principal partido pro-kurdo del país por tener relaciones con los rebeldes kurdos del PKK en una sentencia que podría socavar los esfuerzos para poner fin a un largo conflicto con los separatistas.

La Unión Europea, a la que Turquía espera unirse, había advertido que prohibir el partido violaría los derechos de los kurdos.

El Tribunal Constitucional votó unánimemente ilegalizar el Partido de la Sociedad Democrática (DTP, en su sigla inglesa) después de hallarlo culpable de cooperar con el grupo guerrillero separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, siglas inglesas).

"El cierre del DTP se decidió por sus conexiones con la organización terrorista porque se ha convertido en un centro de coordinación de las actividades en contra de la integridad del país", dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Hasim Kilic, al anunciar el veredicto.

El fallo judicial aumentará las tensiones políticas, e incluso podría afectar a los mercados financieros turcos cuando reabran, dijeron analistas.

"La noticia de la clausura es probable que perjudique al panorama político de Turquía a corto plazo", dijo Ehmet Ilgen de ATA Invest. "Las implicaciones de la ilegalización sobre los activos turcos será negativo a corto plazo debido al posible aumento de la prima de riesgo político", dijo.

La sentencia impone una suspensión de cinco años de la política a los 37 miembros del DTP, el único partido kurdo en el parlamento.

Varios partidos pro-kurdos ya han sido ilegalizados en el pasado.

Las guerrillas del PKK llevan 25 años luchando por una tierra kurda en el sudeste de Turquía.

Con la vista puesta en la adhesión a la UE, el primer ministro Tayyip Erdogan, cuyo Partido AK tiene raíces en el islamismo, ha trabajado para mejorar los derechos culturales de los kurdos con la esperanza de poner fin a un conflicto que se ha cobrado más de 40.000 vidas.

La población kurda de Turquía, cuya lengua estuvo prohibida durante años, se ha quejado durante mucho tiempo de discriminación.

Los analistas temen que la prohibición del DTP fortalezca la influencia del PKK, al minar la confianza tanto en el proceso democrático como en la iniciativa de reforma del gobierno.

La resolución amenaza con aumentar la inestabilidad de cara a las elecciones generales previstas para el 2011. El Gobierno está intentando de reencauzar la economía tras una profunda recesión.

El caso fue presentado por el fiscal general de Turquía Abdurrahman Yalcinkaya, que intentó sin éxito cerrar el partido de Erdogan en 2008 alegando que contravenía la Constitución laica del país.