Publicado: 08.10.2014 17:46 |Actualizado: 08.10.2014 17:46

Continúa la batalla contra la regasificadora de Gijón

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Innecesaria, cara, contaminante y mal ubicada. Estos son los argumentos que utilizaron en 2008 Los Verdes de Asturias para impugnar la regasificadora construida en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El último de ellos fue en el que se basó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para paralizar su funcionamiento, debido a que está construida a menos de dos kilómetros de zonas habitadas, violando la directiva comunitaria.

La decisión judicial no supuso un revés para los planes del Gobierno y Enagás, constructora de la instalación, puesto que "ya habían acordado su hibernación incluso antes de que la regasificadora fuese terminada", explica a este medio José Antonio Ballesteros, abogado de la causa y militante de Equo, donde se integran ahora Los Verdes asturianos.

"A pesar de construir una instalación que no ha funcionado nunca, Enagás está en máximos históricos"Sí lo hizo la petición de la formación ecologista de demoler la instalación eléctrica y detener la compensación de 380 millones de euros que recibe Enagás por su construcción. La compañía energética ha conseguido "beneficios aunque la regasificadora no ha estado nunca operativa", manifiesta Ballesteros.

"Está en máximos históricos", comenta el abogado sobre el valor bursátil de la gasística, y no va desencaminado: hace 24 meses sus acciones cotizaban a 13,6 euros. Al fin de septiembre, a 25,5.

A pesar de que la sentencia del TSJM se basa en jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Ministerio de Industria y Enagás decidieron recurrir ante este último la decisión de la máxima autoridad judicial madrileña, encargada de decidir en los litigios de este tipo de instalaciones. 

Equo ha denunciado que el recurso tiene un "afán dilatorio" y busca "prolongar el proceso y poder mantener la regasificadora y los beneficios que produce a Enagás". Por ello, la formación ecologista ha solicitado el apoyo económico de sus simpatizantes para hacer frente a las tasas de 2.000 euros del proceso en el Supremo.