El controlador británico de la privacidad de los ciudadanos ha advertido al Gobierno contra la tentación de encomendar a Google la gestión de un nuevo banco de datos destinado a facilitar la lucha antiterrorista.

El ministerio del Interior quiere que esa empresa y otros proveedores de servicios guarden durante un mínimo de doce meses el registro de todas las comunicaciones, incluidos los mensajes de texto y el uso de Facebook Twitter y Skype, informa hoy el diario The Times.

Pero según Chistopher Graham, comisario de Información encargado de garantizar la privacidad, sería un error encargar de la gestión de esos datos a una empresa como Google responsable de haber "violado" las leyes de protección de la privacidad.

El Gobierno de David Cameron quiere que se guarde un registro de todas las comunicaciones privadas ante la insistencia de la policía y los servicios de seguridad británicos, que lo consideran imprescindible para combatir el terrorismo y el crimen organizado.

Pero la coalición conservadora-liberaldemócrata ha renunciado a los planes del anterior Gobierno laborista de crear un banco central de datos del Gobierno y ha decidido en su lugar encomendar su custodia a empresas individuales.

Estas empresas estarán obligadas a guardar un registro del uso que hacen de internet y el teléfono los ciudadanos aunque no del contenido concreto de sus llamadas o mensajes.

Según el controlador de la privacidad, el Gobierno tendrá que demostrar la justificación de la proyectada medida.

"Quienquiera que crea que encargar que guarden esa información a los proveedores de servicios en lugar de hacerlo en un gran banco de datos va a resolver el problema no sabe lo que ha pasado con Google", critica Graham, citado por The Times.

El comisario de Información británico acusó la pasada semana a Google de violar las leyes con su servicio "Street View", que proporciona detalladas vistas de ciudades de todo el mundo a nivel de calle por recoger información personal como correos electrónicos y claves de usuarios de internet sin conocimiento de los afectados.

Graham, ex periodista de la BBC nombrado el año pasado guardián de la privacidad de los ciudadanos, dijo que sometería a examen las prácticas de Google y llevaría a esa empresa a los tribunales o le impondría una multa de 578.000 euros si no cambiaba de proceder.

Según Graham, el público todavía no es totalmente consciente de los riesgos que presentan esos ataques a la privacidad, y los ciudadanos tienen que hacer más para protegerse en internet.

De acuerdo con el comisario de información, la prevención del crimen que aduce el Gobierno no es "de por sí justificación suficiente" para encargar a los proveedores de servicios como Google que recojan y almacenen durante un período de tiempo determinado todos los datos relacionados con las comunicaciones de sus clientes.