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Los convenios sectoriales quedan en papel mojado

La norma permite a las empresas pagar menos de lo pactado a escala estatal, facilita la movilidad geográfica impuesta y el empeoramiento de las condiciones laborales

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La reforma laboral 'rompe la negociación colectiva' y abre la puerta al descuelgue salarial a la baja. Así lo sostienen CCOO y UGT, convencidos de que la reforma cercena de manera drástica la capacidad de negociación de los trabajadores respecto a cuestiones básicas como son sueldo, horarios y movilidad geográfica. Los sindicatos basan su acusación en el propio articulado del Real Decreto Ley 10/2010, que plasma la reforma laboral.

En su artículo 6, el decreto modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a la llamada cláusula de descuelgue salarial. Hasta ahora, el Estatuto preceptuaba esto: 'Los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa establecerán las condiciones y procedimientos por los que podría no aplicarse el régimen salarial del mismo a las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación'.

Tras la reforma, se permite que cada empresa decida por sí misma. Es decir, sin necesidad de que el convenio sectorial o territorial contemple cómo, cuándo y en qué condiciones se puede aplicar la cláusula de descuelgue. La redacción del estatuto queda así: '(...) Por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores (...) se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas, [15 días improrrogables] a inaplicar el régimen salarial previsto en los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, cuando la situación y perspectivas económicas de ésta pudieran verse dañadas'. Los sindicatos subrayan que apelar a una expresión tan vaga como 'las perspectivas económicas' de la compañía deja manos libres a sus propietarios para aplicar recortes discrecionales y sustituir la negociación colectiva por la individual. Las plantillas pequeñas y medianas serán las más perjudicadas, avisan.

La norma también da carta blanca a las empresas para efectuar modificaciones 'sustanciales' de las condiciones de trabajo (horario, centro de trabajo, incluso función). Se requerirá sólo que acredite que los cambios contribuyen 'a mejorar la situación de la empresa'.