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Correa, indignado por la difusión de su ficha policial

El presunto responsable de la red de corrupción cumple un mes en prisión sin haber recibido visitas

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El presunto responsable de la red de corrupción desmantelada con la 'Operación Gürtel', Francisco Correa, cumplió el pasado miércoles su primer mes en prisión sin haber recibido visitas. Fuentes penitenciarias explicaron, que el principal imputado de la trama se encuentra abatido y, desde ayer, indignado por la difusión de su ficha policial.

Correa ingresó en la prisión de Soto del Real (Madrid V) el pasado 11 de febrero por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La dirección del centro decidió que ocupara celda en el módulo de preventivos junto a otro de los encarcelados por la 'Operación Gürtel', Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego.

Tras observar el comportamiento en la cárcel de Correa y tras varias entrevistas con los psicólogos del centro, la dirección decidió incluirle en el Plan de Prevención de Suicidios (PPS).

Este Plan obliga, entre otras medidas, a que el preso esté acompañado por un interno de confianza de la dirección de la cárcel las 24 horas, y en el caso de Correa se ha optado porque fuera su amigo Pablo Crespo.

En otra celda de Madrid V se encuentra en prisión preventiva el primo de Correa, Antoine Sánchez, quien comparte celda con otro interno ajeno a la trama. Sánchez y Crespo se han adaptado mejor a la vida en prisión, según las fuentes consultadas.

En la causa están imputadas 45 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y Arganda del Rey Ginéz López -citados a declarar el próximo día 18-; y los antiguos regidores de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente.

Garzón acusa a Correa, Crespo y Sánchez, como cabecillas de la trama, de 'sobornar a funcionarios y autoridades públicas' a través de 'regalos' y 'cantidades de dinero' para mover su 'volunades' con el objetivo de favorecer a sus empresas. A los tres les acusa de establecer un 'conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de ayuntamientos y Comunidades Autónomas'.