Publicado: 14.04.2008 07:52 |Actualizado: 14.04.2008 07:52

Corrupción en Murcia

La mitad de los ayuntamientos de la región, gobernados por el PP, están siendo investigados por los tribunales de Justicia

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Las pesquisas de jueces, fiscales y guardias civiles han puesto al descubierto que en la Región de Murcia algo huele a podrido. No es para menos si se tiene en cuenta que de los 45 municipios que existen en esta comunidad autónoma, están siendo investigados cargos políticos y altos funcionarios de una veintena larga de consistorios por la supuesta comisión de diferentes hechos delictivos. La Justicia ha dirigido su punto de mira, en la mayoría de los casos, hacia el desarrollo urbanístico, disparado tras la reforma de la Ley del Suelo que aprobó el Gobierno de Aznar y su aplicación en la Región de Murcia, lo que dio paso a un modelo de desarrollo que ahora ha terminado por estallar.

De hecho, Murcia, es una de las provincias donde más sigue subiendo el precio de la vivienda, frente a un nivel de renta de los murcianos muy por debajo de la media nacional, es inferior en un 16%, pese a 12 años de expansión; lo que confirma que el modelo de desarrollo del Gobierno del PP en Murcia, después de tantos años, no ha servido para corregir diferencias entre los murcianos y el resto de españoles. Todas las investigaciones que están en marcha afectan a municipios dirigidos por el Partido Popular, excepto en dos: Ojós, pequeño municipio del interior gobernado por un partido independiente, y Los Alcázares, en el Mar Menor, donde gobierna el PSOE.

Aunque no pueden descartarse que existan más investigaciones en marcha, de las que no se conocerían detalles porque puedan estar bajo secreto, los casos más destacados, de los que se tiene constancia, son los que siguen:

Este asunto está en plena investigación con una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez, así como dos ex directores generales del Gobierno regional de Valcárcel. Los jueces y la Fiscalía investigan la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, en el municipio de Águilas.

Se investiga una supuesta trama de corrupción de la anterior corporación del PP y la actual exigiendo comisiones para recalificar terrenos. La jueza encargada del caso ordenó la detención de 14 personas y cuatro más resultaron imputadas. Entre los detenidos destacaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que estuvo dos meses en prisión y salió, recientemente, tras pagar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados aparece el diputado por el PP y ex alcalde de la localidad Juan Morales, a quien el juez pidió 200.000 euros de fianza, días atrás, para librarse de la cárcel.


Habrá que estar muy atentos al levantamiento del secreto de sumario en este caso judicial puesto que pueden producirse sorpresas informativas de profundo calado político, según las fuentes consultadas.

Hay seis detenidos, uno de ellos permanece en la cárcel, el arquitecto, Mariano Ayuso. Entre los dos que tuvieron que pagar fianza está el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad tras abonar en el juzgado 60.000 euros. En esta operación ha declarado el cartagenero Juan Antonio Roca, con intereses en la región. Hay otros 14 imputados.

Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, al que le pide seis años de prisión, por un supuesto episodio de contaminación del río Segura.

En esta trama hay 14 imputados, incluyendo los dos alcaldes, la edil de Fuente Álamo, Maria Antonia Conesa, y el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, éste último está en prisión desde la noche del pasado jueves. En el conjunto de la causa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, se investiga la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. Entre los imputados se encuentran tres concejales de Fuente Álamo, además de la alcaldesa y el arquitecto municipal; y en el consistorio pachequero hay imputados cinco corporativos, el arquitecto técnico (en prisión junto al primer edil), el secretario del Ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. Igualmente, vinculados a esta investigación, se encuentran el que fuera fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de la empresa, José Luis Hernández, además de un socio de Facundo y anterior director financiero de Polaris, Juan Marcos Fernández Farrugia.

Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción del mismo, y diferentes trámites urbanísticos.

El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las programadas en principio, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se hubiera terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se recalifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo.

El alcalde del municipio, Francisco Blaya, está imputado después de que la Fiscalía del TSJ de Murcia le denunciara por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales de un partido localista dirigido por Domingo Valera (ex miembro del PP) para que los ediles apoyaran al equipo de Gobierno popular. Entre las decisiones que tomaron en la pasada legislatura se encuentra la aprobación del PGOU del municipio que reclasifica 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico. El fiscal le pide seis años de cárcel.

Actualmente se investiga la construcción de una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.

Se investiga, al menos, una recalificación de terrenos. Ulea es un municipio de unos cientos de habitantes. El alcalde del PP, José Bolarín Cano, se ha puesto un sueldo de más de 4.000 euros mensuales, más dos pagas extras, por lo que percibe un salario neto, como alcalde, 3.000 euros.

El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma. En San Javier, además, la Justicia investiga la tramitación de un puerto en La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal.

En el municipio de Murcia hay al menos dos causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia.

La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.

Los juzgados de Lorca tienen abiertas diligencias en relación con actuaciones del alcalde en virtud de denuncias presentadas contra el mismo.

La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.

Un juzgado de Cieza ha decidido imputar a diferentes cargos políticos y a sus familiares después de que la concejala del propio PP, María Dolores García les acusara ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de comida. En estos comicios el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.

La Fiscalía Central Anticorrupción considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de acopio de estériles minerales contaminantes. Por este asunto ya han ido a declarar, en principio en calidad de testigos, a la Fiscalía

Anticorrupción, miembros del Gobierno regional que preside el conservador Ramón Luis Valcárcel.

El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, fue detenido por presunta corrupción de menores y recientemente, después de que se dictara contra él una orden de alejamiento de un menor del municipio, fue detenido por quebrantamiento de dicha orden judicial.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM). Esta empresa se encargará de gestionar el canal público durante siete años, y a cambio percibirá 36 millones de euros más el IPC anual, procedentes de las arcas autonómicas, con lo que en total serán al menos 252 millones.

El constructor Facundo Armero, que aparece imputado en las diligencias de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del centro de emisión, incluso meses antes de que el concurso de adjudicación se resolviera.

Finalmente el propio Facundo Armero, que entonces era copropietario de Polaris World, que participa en GTM, resultó adjudicatario de la carísima televisión regional, que hasta ahora ha cosechado una pobrísima audiencia.