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La corrupción urbanística golpea ahora a PSC y CiU

Garzón detiene a Bartomeu Muñoz, alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, por cobros ilegales a constructoras. Dos influyentes ex altos cargos de Pujol ejercían de intermediarios

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De la zona alta de Barcelona a Santa Coloma de Gramenet, el paradigma de la ciudad aluvión de los años sesenta en Catalunya. Son, sin término medio, dos escenarios propios de un país dual, el que durante años han encarnado CiU y el PSC como gestores del poder. Y en ellos desarrolló ayer la Guardia Civil, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, una operación contra la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales. El asunto afecta a personas relevantes de los dos grandes partidos. En pleno escándalo del Palau, que ha salpicado a CDC y a su fundación, Catalunya se acostó ayer con Italia en la retina.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se detuvo al alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y a los ex altos cargos del Govern de CiU en los ochenta y noventa Macià Alavedra y Lluís Prenafeta . En el marco de la operación, bautizada como Pretoria, también se arrestó al teniente de alcalde de Urbanismo de la localidad, Manuel Dobarco; al director gerente de Servicios, Pascual Vela, y al ex diputado del PSC Luis García. Este último fue, en su día, expulsado del partido por un caso de corrupción urbanística que se archivó. Se les suman dos empresarios de la construcción, Josep Singla, de Proinosa, y Lluís Casamitjana, presidente del grupo Espais.

El PSC se apresuró a asegurar que, si se confirman las imputaciones sus tres militantes, serán expulsados y desplazados de sus cargos. Horas más tarde, CDC se desentendió del asunto con el argumento de que, pese a ser militantes históricos y destacados, Alavedra y Prenafeta ya llevan años apartados de la primera línea.

El origen de la operación se sitúa en la investigación de Garzón de un paraíso fiscal en las Islas Jersey en el Canal de la Mancha. Allí encontró fondos de Prenafeta y Alavedra, una pista que le llevó hasta una controvertida operación de suelo que en su momento generó polémica en Santa Coloma: unos terrenos que los vecinos querían ver convertidos en equipamientos fueron subastados por 12 millones a una empresa que, al poco, los revendió por 48, según la entidad Gent de Gramenet, que concurrió a las municipales sin obtener representación.

A la espera de conocer los delitos concretos que imputa el juez a empresarios, cargos del ayuntamiento e intermediarios, los tipos penales que se barajan son los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

El funcionamiento de la trama habría sido sencillo: el ex diputado Luis García (conocido como Luigi) habría facilitado el contacto entre el ayuntamiento del PSC y los dos conseguidores convergentes. Prenafeta y Alavedra se encargaron de asegurar contratos a Casamitjana y Singla en un plan urbanístico en el que el ayuntamiento habría cedido terrenos baratos. Un negocio redondo en que, tras el cobro de comisiones y el presunto soborno a los cargos, todos ganaron.

La Guardia Civil realizó, desde primera hora de la mañana, un registro a fondo del Ayuntamiento de Santa Coloma. Decenas de vecinos lo presenciaron estupefactos por el alcance de la trama corrupta. A los funcionarios se les desalojó para no entorpecer el acopio de información.

Se requirió información a otros dos ayuntamientos, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, gobernados por CiU y el PSC, respectivamente, y se llevaron a cabo registros en pisos de los acusados. En Santa Coloma reapareció Muñoz, ya detenido por la Guardia Civil para presenciar el registro. El lunes no pisó el ayuntamiento pese a que hubo pleno. Según fuentes del consistorio, estaba en Londres. Otros aseguraban que estaba enfermo.

A primera hora de la noche, la Guardia Civil entró en la sede que comparten algunas empresas y la Fundació Catalunya Oberta, un think tank liberal próximo a CDC que en su día impulsó Prenafeta. Los ocho detenidos llegaron anoche al cuartel de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca y se prevé que el viernes sean puestos en manos del juez Garzón.

El secretismo propició que inicialmente se vinculara todo a la operación Avispa, abierta en 2005 para detener a un mafioso ruso. Sin embargo, era algo más previsible: corrupción urbanística en un ayuntamiento, algo por lo que desde 2006 han sido detenidos 18 alcaldes en España. Pero nunca hasta ayer la policía había irrumpido en un ayuntamiento catalán ni golpeado directamente a la sociovergencia.

Registros en Sant Andreu y Badalona. La Guardia Civil también acudió al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres, donde incautó un convenio urbanístico de 2006. Ahora gobierna CiU pero entonces lo hacían PP y PSC. Badalona, del PSC, recibió un requerimiento judicial secreto en el que se le solicitaba información sobre un solar no edificado de la población.

Alavedra fichó a Millet en una sociedad. El detenido Macià Alavedra y el imputado por el ‘caso Palau’ Fèlix Millet figuran entre los responsables de la empresa Webline Invest. El ex conseller figura como presidente y en 2008 entró Millet. La inmobiliaria, con un solo empleado, tiene un capital social de 601.012 euros.

La empresa municipal, bajo sospecha. La investigación alcanza también a la empresa municipal colomense Gramepark, que presidía el edil de urbanismo detenido. La empresa, que podría haber sido utilizada por la trama, absorbía entre un 40 y un 45% del presupuesto municipal.