La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir , por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur .

La orden de arresto no incluye el cargo de genocidio porque los jueces consideraron 'por mayoría' que los documentos presentados por la fiscalía no ofrecieron suficiente base para probar la 'intención específica' de Al Bachir de destruir a una parte de la población , según indicó la portavoz de la CPI, Laurence Blairon.

Justo después de la decisión de La Haya, un responsable del Ministerio de Asuntos Humanitarios sudanés- sin identificar- declaró a la agencia de noticias estatal SUNA que han decidido expulsar a diez organizaciones británicas, francesas y estadounidenses que trabajan en Darfur, en el oeste del país africano.

Sin embargo, Blairon especificó que la fiscalía puede presentar material adicional para 'requerir una modificación' de la acusación.

Tras los hechos, el ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, ha anunciado que su país no entregará al presidente Omar Hasan al Bachir, poco después de que La Haya emitiera la orden.

'La orden de detención es una decisión política, que ha sido preparada desde antes', afirmó Sedrat en declaraciones a los periodistas en Jartum.

La orden de arresto, que tiene efecto inmediato a partir de hoy, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje.

El cargo de genocidio necesita que haya 'una clara intención para destruir y exterminar a una parte de la población', puntualizó Blairon.

La CPI pedirá la 'cooperación de todos los Estados miembros del Estatuto de Roma, de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y, si fuera necesario, de otro Estado' para poder ejecutar la orden de arresto contra Al Bachir.

La jefa del registro de la CPI, Silvana Arbia, indicó que la detención 'depende de la voluntad efectiva de los Estados a colaborar'.

Al Bachir, que ocupa el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer presidente en ejercicio sobre el que la CPI emite una orden de arresto.

La CPI es la primera corte internacional permanente para juzgar crímenes de guerra, entre ellos genocidio y lesa humanidad cometidos a partir de 2002, que es el año en que entró en vigor el Estatuto de Roma, que forma la base del funcionamiento de esta corte.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha urgido al Gobierno de Sudán a garantizar la seguridad de la población, el personal de la ONU y los cooperantes ante posibles reacciones violentas a la orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al Bachir.

Ban 'insta al Gobierno de Sudán a seguir cooperando con las agencias de la ONU y los cooperantes, al tiempo que cumpla con la obligación de garantizar la seguridad de la población civil, el personal y la propiedad de la ONU y la de los cooperantes', ha dicho en una declaración la portavoz de la ONU, Marie Okabe.

El secretario general recordó que la Corte Penal Internacional es un órgano judicial independiente.

Okabe señaló que 'el secretario general confía en que el Gobierno de Sudán abordará los asuntos de paz y seguridad de una manera consistente con la resolución 1.593 del Consejo de Seguridad', a través de la que en 2005 se instruyó a la fiscalía del CIP que investigara las atrocidades cometidas en Darfur.

La resolución expresa la obligación del Gobierno de Jartum y de todas las partes involucradas en el conflicto en la región sudanesa de cooperar con el tribunal internacional, que tiene su sede en La Haya.