El entramado institucional formado por las dos cámaras parlamentarias, Congreso de los Diputados y Senado, y el ente que las engloba, las Cortes Generales, mantienen en la actualidad unos fondos reservados que en conjunto suman una cantidad superior a los 130 millones de euros, según reflejan los documentos internos de liquidación presupuestaria a los que ha tenido acceso Público.

Esa cantidad es la suma de las diferentes cuentas de remanentes que mantienen cada una de las tres instituciones. Esas cuentas conforman una partida contable propia que, sucesivamente, queda al margen de la técnica presupuestaria de cada ejercicio y que se nutre, precisamente, de las cantidades no ejecutadas en cada uno de los presupuestos año tras año.

En base a la autonomía financiera de la institución parlamentaria, establecida en la Constitución —artículo 72— los presupuestos anuales del Congreso de los Diputados, del Senado y de las Cortes Generales son aprobados por las respectivas Mesas —el órgano de gobierno de cada institución— y remitidos al Gobierno para su inclusión en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año siguiente. Ni el Gobierno mete mano en esas partidas ni hay enmiendas en la tramitación.

Como consecuencia de esa soberanía presupuestaria se hace una previsión para no gastar más de lo presupuestado ya que no se contempla la posibilidad de endeudamiento. Antes bien, siempre hay superávit, por pequeño que sea, en la ejecución de los presupuestos en cada una de las dos cámaras parlamentarias y en el fijado para las Cortes Generales. Este ente es el que engloba al personal de las dos cámaras —letrados, técnicos, administrativos, ujieres, etcétera— y a la actividad de la Junta Electoral Central (JEC).

El control de las diferentes cuentas de remanentes corre a cargo de la respectiva Mesa. Hasta el momento no hay ninguna regulación en los reglamentos de ambas cámaras parlamentarias, tampoco para las Cortes Generales, sobre el uso de los fondos de esas cuentas. Tampoco existen criterios definidos para ejecutar los gastos, ni para qué conceptos ni en qué cuantías. Fuentes parlamentarias han explicado a Público que durante la presidencia de la popular Luisa Fernanda Rudi (2000-2004) se encargó al interventor de las Cortes Generales —un letrado— la elaboración de un informe al respecto. El criterio general fue que esos fondos no debían destinarse a gastos corrientes; tan sólo eran para 'imprevistos'. No se ha hecho público nunca.

Fuentes parlamentarias en la Cámara Alta explican que, con cargo a su cuenta de remanentes, se adquirieron en 2008 una partida de ordenadores para los senadores con el fin de 'no cargar' el presupuesto ordinario. Otras fuentes explican que el Congreso de los Diputados 'afronta los gastos de la ampliación del aparcamiento bajo la Carrera de San Jerónimo con cargo a su particular cuenta de remanentes porque es un gasto extraordinario; además, se ha estado pagando en varios años porque es una inversión muy elevada'.

Pero de todo esto no hay ninguna constancia, al menos en documentos oficiales editados por las Cortes Generales o cualquiera de las dos cámaras parlamentarias. Todo queda registrado en una contabilidad interna que jamás ha visto la luz pública. 'Hay miembros de alguna Mesa que es posible que no estén ni siquiera al tanto de los movimientos de esas cuentas o de su propia existencia; tampoco se piden explicaciones', relata a este diario una fuente conocedora de cómo funciona este particular apartado de la economía parlamentaria.

No son cantidades pequeñas. La documentación oficial a la que ha tenido acceso Público, referida al cierre del año 2010, es altamente significativa. Las tres cuentas de remanentes suman una cantidad cercana a los 124 millones de euros, concretamente 123.944.698,62 euros. Repartidos de la siguiente forma: la cuenta de remanentes del Congreso de los Diputados, al cierre del año 2010, tenía la cantidad de 54.061.405,17 euros. La cuenta del Senado, a la misma fecha, almacenaba 29.310.808,93 euros. La correspondiente a las Cortes Generales, esta con fecha de 31 de marzo de 2011, sumaba 40.572.484,54 euros.

En estos momentos, esas cifras 'han aumentado considerablemente', aseguran las fuentes consultadas. Al menos en el caso de la cuenta relativa a la Cámara Baja: sólo en el ejercicio de 2012 tuvo un remanente de casi 10 millones de euros, exactamente 9.943.182,31 euros, debido fundamentalmente a la eliminación de la paga extra de Navidad. Así figura en la liquidación de la ejecución presupuestaria hecha pública, por primera vez, por el Congreso de los Diputados en su página web. Ahora bien, el detalle del destino de esa cantidad no queda reflejado ni en el estado de cuentas ni en la sucinta explicación que se acompaña en el informe publicado.

Al margen de ese ingreso extra por la eliminación de una de las dos pagas extra a los empleados de la institución, el incremento de la cuenta de remanentes del Congreso ha debido de ser importante en los ejercicios 2011, 2012 y 2013 si se toma como referente los incrementos experimentados por esa cuenta en los tres ejercicios anteriores: de los 36 millones registrados a final de 2008 se pasó a los cadi 47 millones un año más tarde, a final de 2009 y luego a los citados 54 millones a finales de 2010.

El aumento de los remanentes en el ejercicio de 2010 fue importante pese a que ese año se abonaron casi 5,4 millones de euros para sufragar las obras de ampliación del aparcamiento de la Carrera de San Jerónimo para uso exclusivo de los servicios de la Cámara Baja.

Cabe destacar que la habilidad ahorradora puesta en práctica por los gestores del Congreso de los Diputados se ha mantenido, por lo tanto, durante la etapa de crisis económica. Incluso con presupuestos restrictivos: en los últimos cinco ejercicios el presupuesto de la Cámara Baja ha disminuido algo más del 15%. En el Senado ha ocurrido otro tanto, al igual que en las cuentas destinadas a las Cortes Generales, cuyos empleados, como funcionarios públicos, tienen el sueldo congelado desde 2010. En el caso de los diputados, sus salarios actuales son iguales a los que percibían en 2005, más seis euros.