La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ajustó ayer al guión. No se presentó en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid, donde había sido citada a un acto de conciliación con la plataforma ciudadana que en enero se querelló contra ella por injurias. Fue el procurador de los conservadores, Manuel Sánchez Puertas, quien explicó al juez que Cospedal 'ni ratifica ni rectifica' las acusaciones de espionaje que en agosto realizó contra el Gobierno, y por las que el grupo consolidado en la red social Facebook y cercano al PSOE había decidido denunciarla.

Carlos Rodríguez Ibáñez, creador de la plataforma y concejal socialista en Cehegín (Murcia), no ocultó sus nervios pocos minutos antes de que comenzara el acto de conciliación. 'Es la secretaria general del principal partido de la oposición y nosotros no somos más que un grupo de ciudadanos', reconoció. Treinta minutos más tarde de la hora prevista comenzó la vistilla ante el juez Rafael Fluiters con la presencia del propio Rodríguez, de su procurador y del representante legal del PP. No se presentaron ni Cospedal ni ningún abogado de los conservadores.

En el acto, que apenas duró cinco minutos, los querellantes reafirmaron sus argumentos. Exigieron a Cospedal una rectificación por sus palabras de agosto de 2009, en una entrevista concedida a la agencia Efe en Marbella (Málaga).

En ella, aseguró que los dirigentes de su partido que no figuraban en los sumarios judiciales del caso Gürtel eran objeto de escuchas ilegales por parte del Gobierno. En ese momento, lejos de retractarse de lo dicho, el partido se volcó con la dirigente conservadora. El presidente del PP, Mariano Rajoy, optó por dar por buenas las palabras con su silencio y las acusaciones se deslizaron, con el paso del tiempo, hacia el sistema de interceptación de conversaciones telefónicas (Sitel).

Ayer, la también presidenta del PP de Castilla-La Mancha no rectificó, según su procurador. Pero esta vez tampoco se reafirmó en sus acusaciones. Sánchez Puertas aseguró que los denunciantes 'carecen de legitimación' para formular su denuncia y los emplazó a tomar las medidas que consideren oportunas.

La reacción de Rodríguez Ibáñez fue de perplejidad. 'Primero se ratificó en sus acusaciones y ahora ni se ratifica ni se retracta, lo que demuestra una falta de respeto por parte del PP al Estado de derecho', denunció Rodríguez a la salida del acto de conciliación.

Sobre la decisión de Cospedal de no reconocer la legitimidad del grupo para presentar una querella, su portavoz afirmó que ellos acuden a la Justicia 'en nombre de todos los ciudadanos', por lo que, con su postura, la número dos del PP 'menosprecia a los querellantes, pero también a la ciudadanía y a la Administración de Justicia'. Y como, en su opinión, 'en política no vale todo', Rodríguez indicó que Cospedal 'debe presentar su dimisión'.

Al también concejal socialista no le afectaron las críticas de los medios cercanos al PP, que lo acusan de formar parte de una plataforma ligada al PSOE con intereses políticos. Tras ser preguntado al respecto, Rodríguez Ibáñez recordó que el grupo no lo componen únicamente miembros de la formación socialista, sino que 'también hay gente de UGT, de Comisiones Obreras y personas que no tienen ninguna vinculación política ni sindical'. Asimismo, recalcó que su condición de edil del PSOE 'no hace que pierda' sus derechos civiles y 'no pueda interponer una denuncia'.

Una vez fracasado el acto de conciliación, a la plataforma ciudadana no le queda otra que acudir al Tribunal Supremo, dada la condición de aforada nacional de la número dos del PP, ya que es senadora. Fuentes jurídicas explicaron que deberían interponer una querella por la vía penal por los posibles delitos de injurias y calumnias contra altas instituciones del Estado. Si fuera aceptada, tendrían que personarse como acción popular.

'No descartamos acudir al Supremo, pero primero tenemos que consultarlo con nuestro abogado. No disponemos de grandes recursos, ya que sólo somos un grupo de ciudadanos', apuntó Carlos Rodríguez en representación de los querellantes.