La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha presentado hoy un plan para sacar a la comunidad autónoma de "la ruina" y reducir en año y medio el déficit al 1,3% del PIB regional mediante el ahorro de 1.815 millones de euros sin recortar en la prestación de los servicios sociales.

Cospedal ha presentado en rueda de prensa el denominado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, con el que pretende aumentar los ingresos en 97,5 millones de euros en 2012 y reducir los gastos en 1.718 millones, con lo que el presupuesto regional se reduce un 20 por ciento y quedará por debajo de los 7.000 millones de euros, en niveles del año 2005.

"Es el único plan posible", ha dicho María Dolores de Cospedal, quien ha planteado que con estas medidas se conseguirá reducir el déficit de la comunidad (4,9 % en junio de este año) al 1,3 % autorizado, se favorecerá la creación de empleo al pagar a los pequeños y medianos empresarios, y se salvaguardarán los servicios públicos esenciales para quienes más los necesitan.

Mediante este plan de choque se pretende ahorrar 391 millones de euros en el capítulo 1 de los presupuestos mediante la reducción de 785 a como máximo 284 del número de liberados sindicales de la administración, la supresión de las subvenciones directas a sindicatos y patronales, la reducción del número de altos cargos, la desaparición de la oficina de la Junta en Bruselas o la limitación a la mitad del número de conductores y de secretarias.

Se ha cifrado en 46 millones de euros el ahorro que propiciará un plan contra el absentismo laboral que, entre otras cuestiones, sustituye el pago de horas extras por tiempo de descanso.

A los profesores se les aumentan dos horas lectivas a la semana (de 18 a 20 en Secundaria y de 23 a 25 en Infantil y Primaria) y se dejará de pagar dos meses de vacaciones a los interinos que trabajen más de 5,5 meses, de modo que cobrarán en función del tiempo trabajado, con un máximo de 22 días hábiles.

La Junta quiere ahorrar 28 millones suprimiendo 32 de los 33 centros de formación de profesores y otros 111 millones de euros en personal estatutario con tres medidas: congelar la oferta de empleo público en 2012, prohibir la contratación de interinos salvo que sea con fondos finalistas y ajustar los complementos de productividad.

Cospedal reducirá en 2012 un 20 por ciento la asignación a RTVCM, con el objetivo de que sea privatizada en cuanto se modifique la normativa estatal y, con carácter general, reducirá las subvenciones en un 10 por ciento.

Se suspenderán los programas de turismo social y termalismo social salvo cuando sean necesarios por prescripción médica.

La Junta suspenderá temporalmente la ejecución de obra nueva en infraestructuras con excepción de las ya comprometidas hasta que se saneen las cuentas y pretende ahorrar 400 millones de euros al racionalizar la gestión de las infraestructuras e instalaciones sanitarias, y con la venta y posterior arrendamiento con derecho de recompra de los edificios de la Consejería de Sanidad.

Cospedal suprimirá nueve de las diez empresas públicas de la Junta antes de final de año y ajustará los recursos y las funciones de la otra. Hará lo mismo con las nueve fundaciones de la Junta, de las que sólo se mantendrá en una.

Otras medidas serán el control del consumo de la telefonía móvil (2 millones), la restricción de la contratación de asistencias técnicas (11,7 millones), la reducción a la mitad de los gastos en protocolo y campañas institucionales o la supresión de la Revista de Castilla-La Mancha.

Los ingresos, entre otras cuestiones, procederán de la mejora de la gestión de los fondos comunitarios (43,7 millones), de la venta de bienes inmuebles sin uso (10 millones), de la venta de la participación en empresas privadas (12 millones) y de la venta de buena parte de los 2.500 vehículos de la Junta (4,5 millones).

Cospedal ha explicado a los medios de comunicación que el plan ha sido anunciado, aunque no explicado, al Ministerio de Economía, que de momento impide a la comunidad autónoma acceder a nuevo endeudamiento ante la ausencia de un plan válido de control del déficit.

La presidenta regional ha recordado que, cuando llegó al Gobierno, el déficit de la comunidad era ya del 4,9% del PIB; la deuda de 7.455 millones de euros, había obligaciones reconocidas y no pagadas por importe de 2.600 millones de euros y sólo 36 millones de liquidez.