El Gobierno ha emprendido una campaña contra los chiringuitos en las playas urbanas pero, para Greenpeace, antes tendría que derribar 'chiringuitos de 21 plantas, como el hotel ilegal El Algarrobico', levantado en la periferia del parque natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar.

La organización ecologista presentó ayer un informe en el que ha radiografiado 233 áreas protegidas en el litoral español. Su conclusión, según la responsable de la campaña de Costas de la ONG, Pilar Marcos, es que 'ni siquiera los espacios naturales protegidos están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado en los últimos años'.

Greenpeace denuncia que la mitad de las áreas analizadas, 120, están 'acosadas' por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación; diez de ellas especialmente. Además, los ecologistas han detectado 'una corrupción urbanística generalizada', con 478 casos registrados en 2009 y 625 imputados. Más de la mitad de ellos son cargos públicos.

El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, cargó ayer contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por 'no tener ningún interés en frenar esta situación' y puso como ejemplo la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, elaborada por la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y ahora 'abandonada en un cajón' por Elena Espinosa.

La ONG reclama el cumplimiento de la Ley de Costas, olvidada durante dos decenios y resucitada por Narbona, y la demolición de edificaciones ilegales para recuperar el litoral. 'Hay un proceso de desmantelamiento de la legislación. ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?', se preguntó López de Uralde.

Casi el 21% de los 535 kilómetros de costa de la Comunidad Valenciana está protegido. Sin embargo, para Greenpeace, son “parques de papel”, y el de La Albufera es el mejor ejemplo. A juicio de la ONG, el área, clasificada como Humedal de Importancia Internacional, está “asfixiada” por el urbanismo en municipios como El Saler, El Palmar y Sueca.

El gran símbolo de la destrucción de la costa en España sigue siendo, un año más, el hotel El Algarrobico, una mole de hormigón levantada a pocos metros de la playa en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Sobre la zona se ciernen otras amenazas, según la ONG, como un proyecto para construir un complejo de siete hoteles, 1.500 viviendas y un campo de golf.

Entre 2005 y 2008, el cemento ha sepultado el 20% de la huerta murciana, según Greenpeace. Los espacios protegidos tampoco se han salvado. La Sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope, una zona de acantilados con presencia de tortuga mora y águila perdicera, está acosada por los “desmesurados” desarrollos urbanísticos del Ayuntamiento de Lorca, en opinión de la ONG.

Uno de los mayores organismos vivos del mundo, una planta de ‘Posidonia oceanica’ de 8 kilómetros de longitud, está en peligro. Para la ONG, los lodos contaminados de la ampliación del puerto de Ibiza, las especies invasoras, la presión turística y el buque ‘Don Pedro’, que se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel, han dañado las salinas de Ibiza y Formentera.

Euskadi sólo tiene protegido el 14,2% de su litoral, el porcentaje más bajo de España. Y ocho de estas reservas están amenazadas, a juicio de los ecologistas. En 2008, el Gobierno y el PNV pactaron asignar 9,5 millones de euros de los Presupuestos del Estado de 2009 para la construcción del puerto de Pasajes en los acantilados protegidos de Jaizquíbel.

La protección de la que goza el 45% del litoral cántabro es “inadecuada”, según el informe de Greenpeace. El valioso Parque Natural de las Dunas de Oyambre, por ejemplo, presenta desde hace 70 años un campo de golf sobre sus ecosistemas dunares y, a juicio de la ONG, está amenazado por la mejora de la carretera CA-131 y el vertido de las aguas residuales de Comillas.

Asturias sufre “el acoso del urbanismo al más puro estilo del Mediterráneo”. El Monumento Natural del cabo Busto-Luanco, un espacio importante para aves migratorias y cetáceos, sufre los vertidos de hidrocarburos y la contaminación por lodos con metales pesados procedentes del puerto de Avilés. En su interior, el municipio de Gozón planea construir 17.000 viviendas.

En Catalunya los números no cuadran, en opinión de los ecologistas. El 58% del litoral está protegido pero, a su vez, el 46,5% de la costa ya está urbanizado. El humedal más importante de la comunidad, el delta del Ebro, refugio de más de 300 especies de aves, es “un punto de alarma” según la Agencia Europea del Medio Ambiente, debido a los vertidos industriales.

La ONG denuncia que el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha retomado un proyecto para construir una “macropiscifactoría” de 300.000 metros cuadrados, perteneciente a Pescanova, en el cabo Touriñán. La zona, en la Costa da Morte coruñesa, forma parte de la Red Natura 2000, que protege los entornos naturales más valiosos de la UE.

En Canarias hay 30.000 expedientes abiertos por delitos medioambientales, 12.000 de ellos relacionados con la construcción, según la ONG. Para la activista Pilar Marcos, el proyectado puerto industrial de Granadilla, parado por la Justicia, es “uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural”, el de las praderas submarinas del sur de Tenerife.