El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se reafirmó hoy en que sería 'razonable' ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión desde los 15 años actuales a 20 años, y defendió que ésta no es una 'medida regresiva', sino que, por el contrario, daría 'más equidad' al sistema de pensiones.

Corbacho, en declaraciones a RNE, recordó que el periodo de cálculo ha pasado en los últimos años desde los dos años, hasta los ocho años, y posteriormente y de manera progresiva, hasta los 15 años, sin que esta subida haya sido una 'catástrofe'.

De hecho, el ministro indicó que la elevación del periodo de cálculo de la pensión 'ha hecho más justo al sistema y le ha dado solidez'. 'No es una medida regresiva ampliar el periodo de cálculo y arroja más equidad porque el actual sistema penaliza a los que perdieron su empleo en la última parte de su vida laboral', insistió.

Corbacho explicó que, de acuerdo con los cálculos de su Ministerio, para garantizar las pensiones hasta 2030 bastaría con elevar el periodo de cálculo de la pensión a 20 años. 'Con eso sería suficiente', añadió.

'Para que el sistema no entre en crisis en 2030 hay que hacer reformas y el Gobierno va a defender la necesidad de las reformas', manifestó el ministro, que añadió que el futuro del sistema no pasa por abandonar prematuramente el mercado laboral, sino por la mayor permanencia posible en el mismo.

'La legislación ya sanciona al que no acepta ofertas de empleo'

En todo caso, el ministro indicó que habrá que esperar a las conclusiones del Pacto de Toledo, en septiembre u octubre, para ver por dónde tiene el Gobierno que emprender las reformas, y apuntó que 'más allá del resultado final', uno de los temas que 'inevitablemente' será objeto de discusión es el periodo de cálculo de la pensión.

Respecto a la enmienda del PSOE en el Senado a la reforma laboral por la que se pretende rebajar de 100 a 30 días el plazo permitido a los parados para rechazar cursos de formación, Corbacho, afirmó hoy no entender el 'revuelo' que ha causado la misma

'No sé por qué tanto revuelo, parece razonable que un parado esté lo menos posible en el paro y eso requiere que haya cursos de formación y reciclaje. Ahora, si una persona se queda en desempleo, suponiendo que le llamara el servicio público de empleo, se puede negar durante 100 días a hacer un itinerario o curso. Pues parece razonable que sean 30 días y no 100, que me parece mucho tiempo', dijo.

Preguntado por las sanciones que podría tener el desempleado si rechaza cursos formativos después de esos 30 días, el ministro señaló que habrá que verlo caso por caso, pues puede que haya circunstancias atenuantes que hagan que el desempleado no pierda finalmente la prestación por su negativa a formarse.

'Hay una ley de sanciones y van desde graves, a muy fraves y leves. Habrá que ver en cada caso. Si el parado no quiere puede haber pérdida de prestación. Pero alguien que no pueda asistir por motivos justificados, podría ser algo atenuante, eso es cuestión del desarrollo reglamentario', precisó.

Respecto a las ofertas de empleo, el ministro dijo que ya existe una legislación que penaliza al desempleado si rechaza ofertas de trabajo ofrecidas por el servicio público de empleo y que no hace falta hacer retoques ahí. Eso sí, se mostró partidario de aumentar los controles de los servicios públicos de empleo para evitar que se produzca fraude en la prestación por desempleo.

Cada año se retiran algunos miles de prestaciones por infracción de desempleados. A partir de ahí, en todo caso, lo que habrá que aumentar es el control. Tenemos la legislación suficiente', subrayó.