El régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, fue testigo hoy de cómo su aislamiento se acentúa entre los países islámicos, que exigieron pasos firmes pasa salir de la crisis, pese al gesto de Damasco de liberar a casi mil detenidos durante las protestas.

La Organización de la Cooperación Islámica (OCI) decidió hoy en una reunión urgente en la ciudad saudí de Yeda unirse a las presiones internacionales contra Siria, uno de los miembros de este grupo de 57 países que vela por los intereses de los musulmanes en el mundo.

Tras la reunión sobre Siria, el secretario general de la organización, Ekmeledin Ehsanoglu, pidió a Damasco que colabore con las iniciativas que desde el mundo islámico quieren propiciar una solución a la crisis, en especial con la de la Liga Árabe.

"Es su última oportunidad para resolver el conflicto", advirtió Ehsanoglu a las autoridades sirias, ante la posibilidad implícita de que la cuestión se eleve a otros organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El llamamiento de la OCI llega después de la reciente imposición de un duro paquete de sanciones económicas por parte de la Liga Árabe contra Siria, que sigue sin detener la violencia en su territorio tras numerosas advertencias.

"La OCI envió delegaciones (a Siria) para expresar su preocupación y temor por la seguridad de los civiles", recordó Ehsanoglu, que destacó los esfuerzos del organismo para evitar la internacionalización de la crisis o la intervención militar extranjera en el país.

Tras la reunión, en la que estuvo presente el jefe de la diplomacia siria, Walid al Mualem, los países musulmanes le pidieron al régimen de Al Asad que firme un protocolo para autorizar una misión de observadores árabes que verifique sobre el terreno el cumplimiento de los compromisos asumidos por Siria.

Un paso más dio hoy Turquía al imponer sanciones a Siria por "haber dejado pasar su última oportunidad al rechazar a los observadores", indicó el ministro turco de Exteriores, Ahmet Davutoglu.

Las sanciones de Ankara incluyen la suspensión de las relaciones con el Banco Central sirio, la congelación de los bienes financieros de los miembros del gobierno sirio y la prohibición de la venta de armas al país.

Frente a las presiones, Damasco liberó hoy a 912 personas que fueron detenidas durante la revuelta y no cometieron ningún asesinato, según la agencia oficial de noticias siria, Sana.

Estos presos se unieron a los más de 1.700 que fueron puestos en libertad durante el mes de noviembre, siguiendo el plan trazado por la Liga Árabe para propiciar una solución a la crisis.

Dicha iniciativa, que las autoridades sirias aceptaron el pasado 2 de noviembre, incluye la liberación de todos los detenidos durante las protestas, que los opositores elevan a unos 12.000; el cese de toda represión violenta y el repliegue de las fuerzas armadas de las ciudades del país.

Siria no llegó a ejecutar el plan, lo que le valió la suspensión de la Liga Árabe y una larga serie de amenazas que culminaron con la imposición de sanciones.

Entre estas medidas, se contempla la prohibición de volar a otros países de la zona a 17 autoridades sirias que una comisión de la organización panárabe determinó hoy.

Los sancionados son, en su mayoría, altos cargos militares, de las fuerzas de seguridad y de los servicios secretos, si bien el nombre del presidente Bachar al Asad no aparece en la lista.

Este detalle y la disposición del secretario general de la Liga Árabe, Nabil al Arabi, a no aplicar las sanciones si Damasco acepta la misión de observadores podrían servir de válvula de escape al régimen sirio, que mientras tanto continúa reprimiendo las protestas.

Una veintena de personas murió hoy, entre ellas dos mujeres y dos menores, en el norte y centro de Siria a manos de las fuerzas leales a Al Asad, denunciaron los opositores Comités de Coordinación Local.

El deterioro de la seguridad en el país ha hecho además que países como Arabia Saudí o España hayan pedido a sus ciudadanos que abandonen de forma inmediata el país, donde han muerto más de 3.500 personas desde que comenzara la revuelta en marzo pasado, según cifras de Naciones Unidas.

Por Suleimán Al Asad