Por Carlos Ruano

El gobierno español está enfrentando críticas crecientes por sus propuestas en materia económica que llevaron el miércoles a un nuevo enfrentamiento con los sindicatos y a la retirada de un polémico párrafo en las líneas maestras del Programa de Estabilidad hasta 2013 remitido a Bruselas.

Por la mañana, el gabinete económico publicó el texto remitido a Bruselas en el que se incluía un párrafo en materia de reformas del sistema de pensiones, que Economía eliminó posteriormente con el argumento de que fue "malinterpretado" y que se trataba sólo de una "simulación".

Además de la propuesta, rechazada de antemano por todos los grupos políticos, de ampliar obligatoriamente la edad de jubilación, el documento recoge la posibilidad de implementar otros parámetros para garantizar la sostenibilidad del sistema, entre ellos, la modificación del número mínimo de años cotizados para acceder a la pensión o el período de cómputo para calcularla.

En concreto, Economía realizó un cálculo en el que estimaba que si se ampliaba de 15 a 25 años el período para calcular la pensión a percibir en la jubilación y, además, se eleva en dos años la edad legal de retiro, se podrían mejorar casi cuatro puntos porcentuales de PIB a partir de 2030.

El anuncio causó un gran revuelo entre formaciones políticas y sindicales que, incluso tras la retirada del polémico párrafo, acusaron al Ejecutivo de "improvisación".

Están "ofreciendo por entregas un recital de ocurrencias y medidas improvisadas que no se corresponden con la seriedad y coherencia exigibles a cualquier gobernante", dijo el sindicato CC.OO. en un duro comunicado.

Estas tensiones se producen en un momento en el que, como otras economías periféricas de la zona euro, España trata de convencer a los mercados de la salud de sus finanzas públicas y alejar la sombra del fantasma que pesa sobre Grecia.

Una prueba palpable del nerviosismo en los mercados son los movimientos de los diferenciales de la deuda pública de los distintos países de la zona y los seguros contra hipotéticos impagos (conocidos como CDS).

El jueves, con el riesgo país de Portugal en máximos medido en CDS, España, Grecia, Italia e Irlanda, vieron también aumentar sus primas de riesgo.

CC.OO., que llega a calificar al gobierno de "un grupo de aficionados a la política", ha tenido junto con el otro grupo mayoritario, UGT, una relación amistosa con el gobierno socialista hasta hace una semana a pesar de que el paro afecta ya a más de cuatro millones de personas.

Aunque UGT se ha mostrado un poco más tibio, se suma a CC.OO. a la hora de emplazar al gobierno socialista a tratar las cuestiones relativas a pensiones en la Comisión del Pacto de Toledo, compuesta por agentes sociales y grupos parlamentarios y que desde su creación en 1995 ha acordado por unanimidad todas las modificaciones de pensiones.

El primer desencuentro en la relación con los sindicatos se produjo la semana anterior con la propuesta de ampliar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. El martes los principales grupos políticos representados en la mencionada comisión rechazaron en bloque la propuesta y el propio partido gobernante admitió que no tomaría decisiones que no contasen con el respaldo de los grupos.

El próximo viernes está previsto que el ministro de Trabajo presente al gabinete del gobierno un informe sobre la reforma laboral que deben negociar los agentes sociales y que es considerada vital por numerosos organismos.