Habrá una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las empresas medianas, pero con condiciones. Una de ellas será la de haber mantenido o creado empleo en 2008. Las otras (basta con cumplir una de las tres) son invertir en I+D+i al menos el 1% de las ventas o que facturen al menos un 25% en el exterior. La nueva línea de créditos del ICO, dotada con 6.000 millones de euros de los que el ICO pone 3.000 y las entidades financieras otros 3.000, está destinada a empresas con ventas anuales de al menos 4.500 millones que estén al corriente de pago con la entidad de crédito con la que vayan a formalizar el crédito.

El Consejo de Ministros también aprobó este viernes el Decreto-Ley con seis medidas extraordinarias contra el paro, con un coste inicial de 1.577 millones. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega precisó que algunas partidas se 'proyectarán' a algún otro ejercicio dada su naturaleza y recalcó que las medidas han sido analizadas por el Gobierno y los agentes sociales.

El otro requisito son las ventas en el exterior, pero basta con cumplir uno

Sin embargo, para el portavoz económico del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, las medidas (que han sido aprobadas sin consenso en el diálogo social) demuestran que ese foro no funciona, por lo que pidió 'concretar reformas laborales mucho más sustanciosas'.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, volvió a criticar las medidas. Su sindicato rechaza las relativas a las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y la reforma que incentiva los contratos parciales con bonificaciones a los empresarios. Toxo pidió que se profundice más en las medidas dentro del diálogo social. El Gobierno prevé evaluar sus resultados cada seis meses previa consulta a los agentes sociales, para decidir si las mantiene o modifica.

Tres medidas afectan a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y pretenden favorecer a los trabajadores afectados y a las empresas que los presentan. Los empleados podrán recuperar el tiempo de prestación por desempleo consumido durante la suspensión de su contrato por un ERE si, posteriormente, se extingue su contrato. A las empresas, se les bonifica el 50% de sus cuotas a la Seguridad Social durante el periodo de suspensión de trabajo, con un máximo de 240 días. El Gobierno pretende así 'favorecer' la regulación temporal 'en lugar de la extinción de los contratos'.

El Gobierno se da 6 meses para evaluar las medidas contra el paro

También se busca estimular la actividad laboral de los trabajadores prejubilados afectados por un ERE que han suscrito un convenio especial con la Seguridad Social, para que de los 61 a los 65 años puedan compatibilizar esta situación con otras ocupaciones que coticen. Además, se podrá aplazar el pago de cuotas empresariales a la Seguridad Social, se bonificará el 100% de esas cuotas a los empresarios si contratan a parados, y se elimina el plazo de espera para empezar a cobrar el paro.