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Criminales que siempre han sido inocentes

El caso de Diego muestra los fallos en los protocolos para detectar abusos sexuales a menores y desnuda el papel de ciertos medios

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La detención de Diego P. V., como el presunto asesino, maltratador y violador de su hijastra Aitana, de tres años, ha reabierto un doble debate. Por un lado, el protocolo médico y policial establecido para detectar abusos sexuales a menores ha fallado. Por otra parte, la mayoría de los medios de comunicación, basando sus informaciones en un informe médico que resultó ser erróneo, presentaron al joven como un sádico sin escrúpulos, bajo titulares como 'La mirada del asesino de una niña de tres años' junto a su fotografía.

Ahora Diego, derrumbado tras la tragedia, exige reparar su honor y ya ha avanzado que denunciará a medios y a médicos. Diego no llegó a ingresar en prisión, pero varios expertos consultados coinciden en que esta experiencia traumática puede marcarle de por vida. 'Cuando el sistema judicial, que está diseñado para proteger al ciudadano, señala a alguien como responsable de un delito que no ha cometido, este pierde la confianza en el mundo que le rodea, en la sociedad de la que forma parte', explica el psiquiatra Alberto Fernández Liria.

Estas situaciones traumáticas pueden influir en la salud mental

A pesar de las numerosas terapias que existen, superar una situación como la vivida por Diego P.V. es complicado porque puede tener consecuencias incluso sobre la salud mental y el ámbito psicológico de estas personas. 'Puede conllevar problemas de integración, de inserción, de desconfianza hacia el entorno...', señala este especialista.

En esta ocasión, además, la cuestión se ve agravada por su repercusión mediática. En este punto, Alberto Fernández Liria abre una reflexión interesante: 'La inmediatez que conllevan las nuevas tecnologías hace que los medios de comunicación hayan adquirido en poco tiempo un poder inmenso'.

El abogado Gregorio Arroyo defendió el derecho a la intimidad y la protección de imagen de la viuda y las dos hijas del abogado Arturo Castillo, asesinado en 2001 en su chalet de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por el moldavo Pietro Arcan. Los medios de comunicación informaron del crimen a partir de los datos policiales, pero Arroyo demandó a medios y periodistas porque lo publicado vulneraba el honor de las hijas de Castillo, ambas menores. El letrado argumentó que las informaciones especificaban que las chicas fueron víctimas de la agresión de Arcan, y que, además, eran menores cuando se produjo el ataque. Los jueces le dieron la razón.

La indemnización económica es el único consuelo en muchas ocasiones

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) sostiene que los medios no cumplen los códigos de autorregulación porque 'sólo les preocupa la audiencia'. Josep Carles Rius, decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, hace autocrítica y admite que algunos medios incumplieron hasta seis puntos del código deontológico en el caso de la muerte de Aitana, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho a la imagen. 'Incluso un cámara dice a una mujer: Grítele, señora, grítele, para que se escuchen insultos contra el chico', relata Rius. 'En ocasiones, los medios crean en poco tiempo un juicio rápido, inmediato y paralelo que acaba siendo injusto', se lamenta.

Surge otra pregunta: ¿servirá esta polémica para que los propios medios reflexionen sobre cómo afrontar determinados hechos noticiosos? 'Debería ser así, pero basta con recordar lo que ocurrió con el triple crimen de las niñas de Alcàsser [tres adolescentes fueron torturadas y asesinadas en 1993] para ver que el problema está ahí', cuenta Rius. La cobertura mediática (sobre todo televisiva) de aquel crimen que conmocionó a España entró en los anales de la historia del periodismo sensacionalista.

En cualquier caso, el calvario que ha atravesado Diego P. V. se suma a la lista de ciudadanos acusados en falso de cometer un delito. En ocasiones, personas inocentes han sido condenadas en firme por un tribunal y han pasado años en prisión. Han sufrido en primera persona el estigma del linchamiento público por un delito que no cometieron. El único consuelo que les queda es y no siempre una indemnización económica. Hasta julio de 2009, Justicia había iniciado un total de 238 expedientes de reclamación patrimonial.

Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Dolores Vázquez, condenada por el asesinato de Rocío Wanninkhof en 1999 en Mijas (Málaga). Vázquez fue puesta en libertad tras 17 meses de cárcel, cuando se descubrió al verdadero asesino, Tony King. La mujer pidió al Estado una indemnización de cuatro millones de euros, entre otros motivos, por daños morales. Justicia le ofreció una compensación de 120.000 euros. Desde el entorno de su abogado, Pedro Apalategui, explican que 'el trámite está en curso pero aún no ha tenido resolución judicial ni compensación económica'. El informe psicológico realizado a Vázquez en 2006 destaca el 'desprestigio' causado en su imagen, informa María Serrano

Otro drama semejante sufrió Rafael Ricardi, quien permaneció 13 años en la cárcel por una doble violación que no cometió. Sus abogados piden una indemnización de 10 millones de euros. 'Su situación es crítica porque no encuentra trabajo debido a los problemas de inserción que está teniendo', afirma Juan Domingo Valderrama, uno de sus letrados. En la actualidad, Ricardi 'sigue levantándose con miedo y claustrofobia', cuenta Valderrama. Y concluye: 'Ver tu cara en las páginas del periódico es una sensación que no le deseo a nadie'.