Como si de una avalancha se tratara, la crisis económica se está llevando por delante a un número muy elevado de trabajadores a la lista española del paro que sólo en un año se ha incrementado en un millón personas.

Con casi 3,5 millones de desocupados en febrero, España paga la mayor parte de la factura de la crisis económica y financiera en parados, cuyo exponente más amargo podría alcanzarse a mediados de este año con 4 millones de desocupados, después de que el Gobierno desechara reiteradamente esa posibilidad.

El ministerio de Trabajo e Inmigración dijo el martes que en febrero el paro aumentó en 154.058 personas respecto al mes anterior a un total de 3.481.859 desempleados.

"Llegaremos a cuatro millones en el tercer trimestre aproximadamente, en el verano podemos llegar, o inclusive al final del segundo. Antes pensábamos que al final del año, pero los datos van peor de lo esperado", dijo Ángel Laborda, economista de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).

El Ejecutivo español, que en varias ocasiones ha expresado que el desempleo es su principal preocupación en este escenario de recesión económica, enviará al Consejo de Ministros del viernes seis nuevas medidas coyunturales encaminadas a favorecer el mantenimiento del empleo y protección de los empleados.

Expertos dijeron que un efecto especialmente preocupante de la crisis económica sobre el mercado laboral español consiste en su amplio impacto sobre todos los sectores de la actividad.

"Es preocupante la extensión del desempleo. El aumento del paro primero se detectó en la construcción, después en la industria y ahora en los servicios", apostilló Xavier Segura, director del servicio de estudios de Caixa de Catalunya.

Para los expertos, este hecho implica defectos estructurales en el mercado laboral doméstico que habría que abordar rápidamente para evitar un mayor deterioro.

El Gobierno y los agentes sociales están debatiendo una reforma del mercado laboral español en el proceso conocido como 'diálogo social', pero un obstáculo que ahora parece insalvable es el abaratamiento del despido que enfrenta radicalmente a sindicatos y patronal.

Los sindicatos, que han amenazado con una huelga general si se recortan los derechos fundamentales de los trabajadores, han encontrado respaldo del Gobierno que no está dispuesto a tomar medidas que impliquen despidos más baratos.

"El Gobierno es consciente de que cada uno de estos datos estadísticos refleja la situación de ciudadanas y ciudadanos concretos y por ello consideramos prioritario aportar medidas y mejorar los sistemas públicos de empleo", dijo la Secretaria de Estado de Empleo, Maravillas Rojo , al valorar los datos de febrero.

Pero tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, han reiterado en varias ocasiones que el Ejecutivo no contempla facilitar el despido con un coste menor.

Recientemente, el Gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidió a todas las partes involucradas un ejercicio de reflexión para abordar soluciones en el ámbito laboral.

/Por Manuel María Ruiz/