'Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin privilegio alguno'. Lo decía La Pepa, la Constitución que vio la luz en Cádiz en 1812, y el espíritu se mantiene en el articulado de la Constitución actual. Sin embargo, frente a este principio igualador, la crisis está contribuyendo a cargar un mayor peso de los ingresos públicos en las espaldas de los asalariados mientras cae en picado la contribución empresarial y de las rentas de capital. Porque Hacienda somos todos, pero especialmente y sobre todo en tiempos de crisis, los que están en su ordenador, los que no pueden esquivar su deber frente al fisco, que son los trabajadores con nómina.

Así se desprende de los datos facilitados ayer por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, que celebra esta semana su XXI Congreso Anual, precisamente en Cádiz.

En 2007, antes de que el sistema económico mundial empezase a decir basta y detonase entre otras cosas la inmensa burbuja inmobiliaria española, las ganancias de capital y las rentas empresariales aportaban en España 44.823 millones de euros a las arcas públicas a través del Impuesto de Sociedades y 20.332 millones a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Tres años después, según los datos provisionales referidos a ­­­­2010, la aportación a través del Impuesto de Sociedades cayó a 16.198 millones (26.000 millones menos) y empresas y capital redujeron a 10.046 millones su aportación al IRPF. Es en este impuesto, que aporta el 45% de la recaudación total, donde se ve con claridad en qué medida se ha incrementado el dese-quilibrio. Si en el año 2007, el 72% de la recaudación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas procedió de los rendimientos del trabajo, es decir, de lo que pagan los asalariados, la estimación es que en 2010 esa aportación haya ascendido al 85%.

No sólo crece en términos porcentuales. En cifras absolutas, a pesar de ser este 'un país con cinco millones de parados', recordaron ayer los inspectores, las rentas del trabajo han pasado de una aportación de 52.282 millones en 2007 a unos 57.000 millones en 2010. Sin esa aportación, explican, 'la situación de la Hacienda Pública sería literalmente insoportable'.

¿Cómo solucionarlo? Se podría seguir aumentando la carga que pesa sobre las rentas del trabajo, pero la inspección considera que los tipos en los tramos más altos han agotado su capacidad de recaudar más y se ha vuelto ya disuasorio (se estima que la recaudación en 2011 por rentas superiores a 120.000 y 175.000 euros no superará los 185 millones) y subir tipos a rentas inferiores sería un error, máxime en la situación actual. Por eso defienden que se busque poner freno al trasvase de rentas que han pasado a tributar como empresariales, por el menor tipo del impuesto de sociedades (25% para ingresos inferiores a 300.000 euros) cuando no lo son, así como una verdadera lucha contra el fraude fiscal.

Pero para eso, hacen falta medios más allá de la informática. ¿Va a mejorar el número de empleados de la Agencia Tributaria? Al contrario. La norma, dentro del marco actual de austeridad, de limitar a uno de cada diez los puestos que se reponen en la Administración, reducirá un 10% (3.000 empleos) los efectivos disponibles en los próximo dos años.