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La crisis del euro y el plan de ajuste español vuelven a la agenda de la UE

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La inestabilidad por la que atraviesa la zona euro y la aceleración del ajuste presupuestario en España y Portugal vuelven a centrar esta semana la atención de los ministros europeos de Finanzas y las instituciones de la UE.

Este lunes celebrarán en Luxemburgo su reunión mensual los ministros de los dieciséis países que comparten el euro, bajo la presidencia del primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker.

Tras el Eurogrupo, los ministros se reunirán, por segunda vez, en el seno del comité especial que coordina el presidente del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy, en el que están representados los veintisiete estados miembros y las instituciones de la UE, y cuyo objetivo es reformar las reglas de la unión económica y monetaria para prevenir la repetición de crisis como la actual.

A partir de las 15.00 hora local (13.00 GMT) el Eurogrupo analizará con detalle las medidas adicionales de ajuste tomadas en España y Portugal, como les exigieron los socios europeos cuando decidieron el 9 de mayo establecer un mecanismo temporal de estabilización financiera, por valor de 750.000 millones de euros, a fin de ayudar a los estados miembros con eventuales problemas de solvencia.

Los Dieciséis todavía trabajan en la puesta en marcha de ese mecanismo financiero, especialmente en el establecimiento de la sociedad instrumental (SPV) que deberá obtener financiación del mercado, llegado el caso, para prestarla a los estados con problemas.

Para las operaciones de empréstito, dicha sociedad hará uso de las garantías otorgadas por los miembros de la Eurozona participantes, pero el diseño todavía tropieza con dificultades que los gobiernos no quieren reconocer abiertamente para no añadir más incertidumbre y riesgo a la situación.

Lo cierto es que, pese al rescate individual de Grecia y al histórico acuerdo sobre un mecanismo general de estabilización, los mercados financieros siguen extremadamente nerviosos, la presión sobre la deuda soberana de los países "periféricos" -España, Portugal, Irlanda e incluso Italia- continúa, y la divisa europea prosigue su caída.

El anuncio, luego matizado, de que las finanzas públicas en Hungría podían encontrarse en un estado parecido al que provocó el colapso de los bonos griegos, ha añadido más confusión e incertidumbre.

El análisis del plan de ajuste español será sometido hoy al examen del Eurogrupo y mañana al del Consejo Ecofin, que congrega a los veintisiete miembros de la UE.

El ajuste español pretende ahorrar 15.000 millones de euros adicionales hasta 2011 recortando el gasto, y ya recibió buenos calificativos durante su presentación en la anterior reunión mensual del Eurogrupo, pero ahora será discutido más detenidamente, sobre la base de una evaluación de la Comisión Europea.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, no ha difundido aún sus conclusiones, pero el miércoles pasado avanzó que los nuevos objetivos de déficit fijados por España y Portugal para los dos primeros años, 2010 y 2011, son "pertinentes" y tildó de "sustancial" el esfuerzo adicional acordado para lograr estas metas.

España espera recortar el déficit 1,5 puntos porcentuales respecto a lo previsto anteriormente, con objeto de situar el déficit en el 6% en 2011, mientras que Portugal pretende reducirlo 2 puntos para situarse en ese porcentaje en el mismo plazo.

La Comisión Europea no publicará hasta el próximo 15 de junio el análisis de todo el programa de consolidación fiscal de España y Portugal para el conjunto del periodo 2010-2013, es decir, más allá del bienio inicial 2010-2011.

Las medidas de ajuste adicionales anunciadas a comienzos de mayo por el Gobierno español incluyen la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé, una rebaja media del 5% de los sueldos de los funcionarios, y un recorte de la inversión pública, lo que ha llevado a un recorte en las previsiones de crecimiento de 2011 hasta el 1,3%, frente al 1,8% anteriormente calculado.

La ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha insistido en varias ocasiones en que no cree que sus colegas vayan a solicitar a España esfuerzos adicionales.