Ellos no provocaron la crisis y no han sido el paradigma del derroche de los años del boom económico, pero van a ser los primeros en pagar los ajustes que se suponen necesarios para salir de ella. Más de siete millones de funcionarios, pensionistas, padres con hijos recién nacidos y personas dependientes van a ser los afectados más directos del ahorro de gasto aprobado el jueves por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un recorte que ha obligado al presidente a renunciar a muchos de sus principios de defensa acérrima de los intereses sociales.

Los afectados no se niegan a arrimar el hombro para salir de la crisis porque son conscientes de que la situación es grave y complicada. No obstante, ven injusto que sean ellos, la mayoría de clases medias y bajas, los únicos que paguen los platos que no han roto, mientras los bancos, que sí provocaron o, al menos, agravaron la crisis, siguen recibiendo ayudas sin que nadie les obligue a aportar su granito de arena, y mientras no se exige ningún esfuerzo a las clases más altas y a las empresas con más beneficios.

Los funcionarios asumirán el 45% del recorte de 15.250 millones

'Se quiere cargar de nuevo el peso de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora', asegura Ramón López, que trabaja como administrativo en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 'No es el momento' de reducir el gasto público, añade Rober González, un profesor del Instituto IES Ramón Casas Carbó, quien recuerda que los funcionarios serán los primeros afectados aunque la reducción de inversión pública 'afectará en segunda instancia a otros sectores, como el de los servicios', informa Roger Tugas.

Como Robert, hay 2,67 millones de funcionarios en España que van a ver ya en la nómina de junio una bajada salarial de entre el 0,56% y el 7%. Los altos cargos sufrirán un bocado mayor, de entre el 8% y el 15%. Todo ello con el objetivo de ahorrar 2.300 millones este año y 4.500 millones en 2011. Por tanto, casi el 45% del recorte total de 15.250 millones aprobado por el Gobierno caerá sobre los hombros de los trabajadores de las administraciones públicas.

Se congela la pensión de cuatro millones de personas en 2011

Otros cuatro millones de pensionistas afrontarán una parte importante de los recortes (1.400 millones). El próximo año no podrán contar con la habitual revalorización de sus ingresos conforme a la inflación. Por tanto, la pensión media, de 776,44 euros, dejará de aumentar en torno a 8 euros al mes o 112 euros al año (si se toma como referencia la revalorización del 1% estimada para este ejercicio). En España, existen 7,6 millones de personas con pensiones contributivas (las no contributivas no se congelarán). Se salvan del recorte 3,6 millones porque tienen pensiones mínimas, que sí se van a subir, o porque han accedido a la jubilación en 2009 o 2010 y no tenían ya derecho a la revalorización.

Los premios de 2.500 euros por natalidad también pasarán a mejor vida con el recorte, lo que afectará a unas 400.000 parejas al año. Fue una de las medidas estrellas de Zapatero antes de las últimas elecciones y ahora ha tenido que prescindir de ella ante las exigencias de la Unión Europea de ajustar los gastos.

En los recortes sociales, quizá el más profundo es el que afecta a las prestaciones por dependencia. Hasta ahora, se tenía derecho a cobrarla (aunque llegara con retraso) desde que se solicitaba el derecho a percibirla. A partir de ahora, no habrá efecto retroactivo. Es difícil calcular a cuántas personas perjudicará la medida, pero desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica tienen claro que, sean cuantas sean, serán 'las personas más vulnerables'.

La otra gran renuncia de Zapatero ha sido la ayuda al desarrollo, cuya reducción en 800 millones en dos años afectará a miles de personas en países en desarrollo que no tienen prácticamente nada. Lo curioso es que el presidente decidió profundizar en este recorte después de escuchar las peticiones del presidente de la patronal empresarial, Gerardo Díaz Ferrán, que propuso abiertamente reducir de forma drástica la ayuda al desarrollo.

A diferencia de lo que ha pasado en sus seis años de legislatura, las medidas aprobadas han recibido el aplauso de la patronal y la crítica de los sindicatos, que cada vez ven más cerca una huelga general porque no entienden que las víctimas de la crisis sean las que tengan que pagarla, mientras los culpables se van de rositas.