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La crisis y el verano avivan las patrullas vecinales

Una veintena de municipios plantean rondas de vigilancia ciudadana, ante la falta de fuerzas de seguridad. El estío reduce los agentes al 66% y la crisis aumenta los delitos contra la propiedad

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A diez kilómetros de la comisaría de Policía más cercana y siete del cuartel de la Guardia Civil, la pedanía de Torrecera (Cádiz) se convirtió a principios de julio en un filón para los ladrones. Una banda robó durante varios días electrodomésticos, maquinaria agrícola, bicicletas, ordenadores, cerdos, perros de cacería e, incluso, gasoil de los vehículos que había aparcados en plena calle.

Para protegerse, 35 de sus 1.300 vecinos se organizaron en patrullas de entre tres y cinco miembros (desempleados, jubilados o trabajadores que pedían días libres) durante tres semanas. Incluso se unió el alcalde, Manuel Bertolet. 'Por las noches, dependiendo de qué cuartel esté de guardia, la Guardia Civil puede tardar en llegar diez minutos o más de una hora', critica Bertolet.

El de Torrecera ha sido el último de los grupos de vigilancia ciudadana que se han creado en España. En total, los vecinos de casi 20 municipios han planteado crear estos cuerpos en el último año, a pesar de ser ilegal. En diez, han hecho públicas sus prácticas para demandar más seguridad. Y algunas como Torrecera tras dos años de negociación lo han logrado, tal y como confirman fuentes de la Subdelegación de Gobierno de Cádiz. A partir de septiembre, tendrán dos policías locales.

Pero las autoridades y los sindicatos de Policía están preocupados por la proliferación de estas patrullas amateurs, que surgen especialmente en los meses de verano para proteger viviendas. A diferencia de Italia que legalizó esta práctica el sábado pasado a iniciativa de la extrema derecha, España no se plantea su legalización.

Además, las fuerzas de seguridad insisten en que hay 'un riesgo muy peligroso' de que se topen con una banda con armas de fuego. Por ello, el alcalde de Torrecera insta a sus vecinos a no ir armados ni intervenir. Y, en caso de peligro, huir. 'Las patrullas llevan un teléfono para avisar a la Guardia Civil si ven algo sospechoso', explica.

Todas las partes, incluida la administración, coinciden en que el problema radica en la falta de Policías. 'Es lamentable que la gente tenga que echarse a la calle porque no hay suficientes policías', critica el portavoz del sindicato de Policía SUP, José María Benito, que recuerda que un tercio de los agentes coge vacaciones en julio, otro en agosto y el resto en septiembre, lo que reduce las unidades disponibles.

Los ladrones aprovechan esta falta de vigilancia cada estío. Además, 'la crisis está aumentando este año el número de delitos contra la propiedad', señala el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López. Para solucionarlo, los líderes sindicales instan al Ministerio del Interior a encomendar a la Policía Local tareas de barrio 'más cercanas al ciudadano y al comerciante', frente a la tendencia de los últimos años, en los que han tenido que participar en 'investigaciones y labores de la Policía Nacional', denuncian.

Tanto los sindicatos como el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, han vaticinado en los últimos meses que habrá un aumento de la criminalidad y los asaltos de viviendas. En 2008, los robos con fuerza en domicilios (excepto País Vasco y Catalunya) aumentaron un 11,7%, respecto al año anterior.

Interior no hará públicas las estadísticas de este año hasta 2010, pero el comisario general de Seguridad Ciudadana, José Martín, aseguró en junio que las cifras generales de los primeros meses fueron 'muy parejas' a las de 2008. 'Lo que pasará mañana no lo sé. No soy adivino', concluyó. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, también replicó a Dívar 24 horas después de sus declaraciones.

En el País Valenciano, la Guardia Civil y la Policía Local tienen un acuerdo para trabajar de forma conjunta en las zonas rurales. Este permite que, en caso de alarma, se desplace al lugar de la emergencia la unidad más cercana.

Además del objetivo de evitar robos el más habitual, En España, algunos de los grupos se organizan para reducir la inseguridad ciudadana, el ruido o los actos vandálicos. El barrio del Ensanche de A Coruña, con numerosos after hours y alboroto nocturno, y El Puerto (Cádiz), donde en junio se produjeron actos vandálicos contra bares, coches o mobiliario urbano son dos ejemplos. En Sestao (Vizcaya), 20 residentes de la zona de Txabarri, con infraviviendas y población marginal, patrullaron 12 días 'hartos de sufrir amenazas y destrozos', aseguró el portavoz de la asociación Txabarri Garbi, Manuel Fernández.

El alcalde en funciones, Felipe Gonzalo, criticó el pasado viernes que estas patrullas ciudadanas tengan un tinte político y que estén vinculadas a partidos de la oposición, para los que realizan 'labores de trinchera política'. No es un 'problema policial', aseguró: 'Hay que regenerar el barrio'. Aun así, y al igual que en Torrecera, el consistorio cedió y reforzó la presencia policial.

Pero la falta de efectivos no sólo se da en las pedanías y pequeños municipios. Madrid ha crecido en los últimos años con la edificación de nuevos barrios (los PAU de Vallecas, Las Tablas, Sanchinarro, Montecarmelo, Carabanchel...) y algunos como Las Tablas acogen ya a 22.000 habitantes.

Pero la construcción de comisarías no ha sido una prioridad para el Ayuntamiento y algunas asociaciones de vecinos han planteado la posibilidad de crear patrullas. A principios de mayo, Las Tablas sufrió una oleada de robos. A raíz de aquella experiencia y tras las continuas denuncias, la Policía estableció dispositivos de vigilancia permanente en las principales vías de entrada y de salida al barrio. Los vecinos han recogido más de 7.000 firmas para la creación de una comisaría, una promesa de la anterior delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Soledad Mestre, que todavía no se ha materializado.

Un movimiento similar a las patrullas ciudadanas obligó la semana pasada al segundo violador de LEixample, Alejandro Martínez Singul, a abandonar Lloret de Mar (Girona) ante el rechazo vecinal. Al margen de las fuerzas de seguridad del Estado y a pesar de haber cumplido su condena (está pendiente de la resolución de una nueva), los vecinos empapelaron el municipio con carteles que rezaban: 'Hagámosle boikot desde Lloret: ¡Que se marche!'. Y también lo lograron.