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El CSD previene a la RFEF contra posibles "acuerdos ilegales" en la Asamblea del día 3

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El Consejo Superior de Deportes (CSD) trasladó hoy a la Federación Española de Fútbol (RFEF) su "desacuerdo unánime" con la postura de sus responsables, ante la "posible adopción de acuerdos ilegales que pudieran ser constitutivos de graves infracciones" en la Asamblea del 3 de marzo.

La comisión directiva del CSD, reunida hoy, aprobó "por unanimidad reiterar la defensa del ordenamiento jurídico español que regula los procesos electorales de las federaciones deportivas", tras la aprobación el pasado diciembre de la orden del ministerio de Educación que legisla todos los comicios federativos.

Según una nota del CSD, su comisión directiva "establece que no existe incompatibilidad entre los principios que rigen el Código Electoral Modelo de la FIFA y las normas españolas, que garantizan la independencia, participación y transparencia del proceso electoral en todas las federaciones", ante las informaciones que apuntan "al posible no sometimiento de la Federación Española de Fútbol a la normativa vigente".

La RFEF celebrará el próximo lunes día 3 una Asamblea General en la que se pronunciará sobre la normativa que adoptará en las elecciones a la presidencia y comisión delegada de este año, después de denunciar a la FIFA una posible injerencia gubernamental por la tramitación de la orden.

La FIFA exige a sus federaciones asociadas que regulen sus elecciones con su "Código Electoral Modelo" y ha amenazado al fútbol español con excluir a su selección y a sus clubes de las competiciones internacionales si no lo hace y se produce cualquier intervención del Gobierno en la RFEF.

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado hoy la petición del presidente de la federación de Fútbol, Ángel María Villar, de suspender cautelarmente la orden ministerial que obliga a las federaciones no olímpicas y a las olímpicas no clasificadas para Pekín a convocar elecciones en el primer trimestre del año.

El recurso, interpuesto a título individual por Villar, solicitaba la suspensión cautelar de la orden o en su defecto únicamente para la federación de fútbol, al entender que tiene derecho a celebrar sus elecciones "conforme a su propia normativa electoral, como cualquier asociación privada sin injerencias de ningún tipo de la Administración".

El tribunal considera en su auto que el interés público, consistente en la celebración de elecciones en todas las federaciones deportivas españolas, debe prevalecer sobre el interés particular del recurrente, que no ha concretado ni probado debidamente los perjuicios que causa la aplicación de la orden ministerial.