Pese a que dos de las fianzas impuestas a los imputados de la operación Pretoria ascendían a 500.000 euros, ninguno de ellos ha tenido problema para hacerla efectiva y así eludir la cárcel. El juez Baltasar Garzón concedió un plazo, que finalizaba a las 13.00 horas de ayer, a los tres empresarios detenidos en el caso y al director de Servicios Municipales de Santa Coloma de Gramenet, Pasqual Vela. Todos ellos aportaron los avales bancarios necesarios para asegurar la cantidad fijada y poder limitarse a comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio.

La fianza de Vela, al que Garzón imputa dos delitos de fraude y exacciones ilegales y otro de encubrimiento, era la más baja. Pese a que el fiscal Anticorrupción Luis Pastor había solicitado su ingreso en prisión, el juez optó por imponerle sólo 25.000 euros.

Las otras tres fianzas impuestas correspondieron a los tres empresarios imputados de momento en el caso y se acomodaron a la petición fiscal. Manuel Carrillo, responsable de la empresa de limpieza Limasa, presentó ayer avales por 100.000 euros, y tanto José Singla como Luis Casamitjana lo hicieron por los 500.000 fijados por el magistrado.

A Carrillo se le imputa un delito de cohecho por haber entregado 6.481 euros al hasta ayer alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y haber pagado otros 12.000 en esponsorización de actividades municipales. La responsabilidad de Singla y Casamitjana es bastante más relevante. Ambos están acusados de formar parte de la asociación ilícita presuntamente liderada por el ex diputado del PSC Luis Andrés García. A Singla, además, se le acusa de tráfico de influencias, y a Casamitjana, de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Los otros cinco imputados en el caso (Muñoz, García, el ahora ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco, y los ex dirigentes de CiU Lluis Prenafeta y Macia Alavedra) seguirán de momento en prisión incondicional.

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, achacó ayer, en la Ser, a las 'deficiencias internas' de la sede judicial el modo en el que fueron trasladados los detenidos en esta causa, a quienes se pudo ver esposados. Juanes defendió un cambio de ubicación de la Audiencia Nacional.