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Cuatro millones de firmas en un almacén

Los avales del PP contra el Estatut están en un local desde hace tres años

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En un almacén de Madrid alquilado por el Congreso de los Diputados a una empresa dedicada a la custodia de documentos están apiladas, desde hace más de tres años y medio, 876 cajas. En su interior duermen olvidadas las firmas de 4.028.396 españoles. Eso si se da crédito a la contabilidad del Partido Popular, porque hay quien se ha tomado la molestia de echar cuentas y no le salen.

Con un mínimo de diez firmas por folio, bastarían 400.000 folios, y con una media de 500 por cada paquete, serían suficientes 800 paquetes, que como mucho ocuparían un volumen de 2,74 metros cúbicos. Una furgoneta de tipo medio tiene una capacidad de 7,3 metros cúbicos, pero el PP trasladó las firmas al Congreso en diez furgonetas, de las que salieron 22 palés con 876 cajas, cada una de las cuales tiene capacidad para albergar cinco paquetes de 500 folios.

Nadie se ha tomado la molestia de comprobar qué hay dentro de las cajas. El 25 de abril de 2006, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se fotografió rodeado de ellas a las puertas del Congreso, antes de hacer entrega de las mismas en el Registro de la Cámara. La entrega quedó registrada como 'anexo' a una proposición no de ley, firmada por el entonces portavoz parlamentario del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, que pretendía que el referéndum de aprobación del nuevo Estatut de Catalunya se celebrara en toda España y no sólo en el territorio de la comunidad autónoma.

Sánchez-Camacho, la nueva líder del PP de Catalunya, se desentiende

La Mesa del Congreso calificó la proposición no de ley para su trámite y, como se hace con toda la documentación que entra en el Registro de la Cámara, ordenó su archivo. 'A los pocos días', según fuentes oficiales del Congreso consultadas por Público, las cajas fueron trasladadas a un local alquilado, donde se guardan también otros documentos por falta de espacio propio.

La entrega de las firmas en el Congreso fue el broche a una campaña de oposición a la reforma del Estatut que se había iniciado en Cádiz tres meses antes, el 31 de enero de 2006, bajo el lema 'Todos tenemos derecho a opinar'. El PP desplegó mesas petitorias por toda España recabando adhesiones a la pregunta '¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?'.

Se trataba, según dijo Rajoy, de 'la iniciativa política más respaldada de la historia de la democracia desde 1978'. En coherencia con este juicio, de forma inusual el líder de la oposición asumió personalmente la defensa de la iniciativa ante el pleno del Congreso. Lo hizo el 16 de mayo y sólo recibió los votos de los diputados del Grupo Parlamentario Popular. El asunto quedó zanjado en menos de una hora.

El debate político no se replanteó y nadie ha vuelto a acordarse de las firmas. Aunque según el Reglamento del Congreso basta con el respaldo de 500.000 firmas para promover el debate de una iniciativa legislativa popular, las presentadas por el PP carecen de toda validez al no haber sido fiscalizadas por la Junta Electoral Central.

Sin embargo, portavoces oficiales del Congreso indicaron que 'no hay ningúna previsión' de proceder a su destrucción, aunque su almacenamiento representa un coste para el erario público. El Congreso carece de una normativa que determine qué documentación ha de guardarse y durante cuánto tiempo. Esta normativa está en proceso de elaboración y en los borradores de trabajo se prevé la creación de una Junta de Calificación que decida en cada supuesto.

Las firmas no tienen validez legal al no haber sido fiscalizadas

En el acto de entrega de las firmas en el Congreso, Rajoy estuvo acompañado por el entonces presidente del PP de Catalunya, Josep Piqué, aunque los próximos al ex ministro aseguran que lo hizo forzado y recuerdan que la organización catalana fue de las que menos firmas aportó a la campaña.

Lo llamativo es que ahora el PP de Catalunya no quiere saber nada del asunto. Un portavoz de su nueva presidenta, elegida en 2008, Alicia Sánchez-Camacho, afirmó a este diario: 'Es un tema anterior a su presidencia. Sería mejor que hable alguien de la dirección nacional, que fue la que lo impulsó'.