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Se da a la fuga un matrimonio imputado en la trama de Gao Ping

El juez Andreu de la Audiencia Nacional ordena su busca y captura internacional al no personarse a la firma de su comparecencia diaria en el tribunal ni ser hallados en su domicilio por la Policía

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La Audiencia Nacional ha ordenado la busca y captura internacional de un matrimonio de ciudadanos chinos imputados en el caso Emperador que el pasado sábado no acudieron a firmar su comparecencia diaria en el tribunal.

Se trata de Kai Xu, a la que se imputa una actividad directiva-organizativa directamente relacionada con el blanqueo en el seno de la organización criminal, y su marido Wang Feng, a los que el magistrado instructor había dejado en libertad con la obligatoriedad de comparecer todos los días en la Audiencia Nacional. La Policía acudió el domingo a la vivienda del matrimonio, pero no los encontró allí.

Las operaciones de las que se les acusa consistían en blanquear grandes cantidades de dinero que los empresarios y personas adineradas, tanto chinos como españoles, entregaban en mano a la organización liderada por Gao Ping.

La trama les devolvía luego este dinero mediante transferencias bancarias desde cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong.

Otro de los métodos utilizados para blanquear era remitir desde España a China grandes cantidades de dinero, en este caso escondidas entre remesas de inmigrantes por medio de entidades de gestión de transferencias.

La red intentaba esquivar los controles contra el blanqueo de capitales obteniendo numerosas fotocopias de pasaportes, la mayoría falsos o manipulados, y realizaba los envíos a nombre de personas que figuraban en los mismos, sin que las cantidades remitidas superaran los tres mil euros al trimestre.

Por estos hechos, el juez imputa al matrimonio los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo y falsificación de documentos.

El juez Andreu excarceló a este matrimonio junto a otras veinte personas el pasado noviembre , debido a un error judicial en la prórroga de su detención ocurrida el pasado mes de octubre.

Andreu tomó esta decisión a pesar de la oposición de los fiscales, e impuso a los excarcelados las medidas cautelares que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción, como prohibirles abandonar el territorio nacional, retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer diariamente en la Audiencia Nacional.

Posteriormente, el juez mandó de nuevo a la cárcel a una decena de ellos en base a nuevas pruebas que sustentarían su prisión provisional.