Publicado: 31.03.2014 13:00 |Actualizado: 31.03.2014 13:00

La defensa de los acusados del cerco al Parlament alega identificaciones ilegales

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La Audiencia Nacional comenzó este lunes la vista oral del asedio al Parlament, contra los acusados de agredir a diputados de la cámara autonómica catalana en el año 2011 durante las movilizaciones derivadas del 15-M. En el banquillo se juzga a 19 acusados, ya que uno de ellos está huido.

Los 19 acusados se negaron a declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por Fernando Grande-Marlaska, y sus defensas esgrimieron la nulidad de las pruebas durante la exposición de las cuestiones previas.

Uno de los abogados, Jaume Asens, alegó que las ruedas de identificaciones fueron irregulares: los detenidos fueron obligados a ponerse gorras y gafas que no eran suyas. La defensa busca con esta línea la nulidad de estas pruebas periciales.

También pidieron la nulidad de las restantes pruebas del caso, al considerar que han podido ser manipuladas. Consisten en vídeos grabados sobre el cerco al Parlament, pero en el sumario no consta el autor o autores, y varios de ellos han sido tomados de Youtube. La defensa sostiene que estas pruebas no han sido debidamente custodiadas.

Al mismo tiempo, las defensas denunciaron que la actuación policial en la Ciudad de la Justicia fue "desproporcionada" y "con voluntad criminalizadora", que todavía no ha sido depurada. Como se recordará, los encausados fueron detenidos cuando se iban a entregar al juez de guardia.

La defensa centra su estrategia en el derecho a la libertad ideológica de los enjuiciados.

Los abogados defensores incidieron en que en todo caso el cerco al Parlament constituirían faltas individuales, por lo que debían ser juzgados por un Juzgado de lo Penal de Barcelona y no por un tribunal excepcional como es la Audiencia Nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya resolvió esta cuestión, al fallar que la Audiencia Nacional era el órgano competente porque el Parlament es una alta institución del Estado.

Así, el artículo 498 del Código Penal contempla penas de prisión de tres a cinco años a quienes empleen "fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones" o coarte "la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto".

Por su parte, la fiscal Teresa Sandoval expresó su protesta al considerar que el hecho de que haya testigos que vayan a declarar por videoconferencia vulnera derechos fundamentales, ya que estima que es necesaria su presencia en la vista. Entre los testigos que declararán por viodeconferencia se encuentran los presidentes de la Generalitat, Artur Mas, y de la Cámara, Núria de Gispert.

Las defensas también pidieron la expulsión del procedimiento la acusación ejercida por Manos Limpias y una de ellas se puso también a la presencia de la Generalitat como acusación, al estimar en el primer caso que los hechos no constituyen objeto de interés para dicha organización y en el segundo por no haber ocurrido los hechos contra el Ejecutivo catalán sino contra el Parlament.

Por su parte, la Fiscalía argumenta que el presidente del Parlament puede denunciar en nombre de todos.

Uno de los abogados defensores, Gonzalo Boyé, reprochó a la Generalitat la incongruencia de presentarse como acusación y reivindicar por ello el ser un órgano de la nación española cuando está inmerso en pleno proceso soberanista.

El tribunal no estimó todas estas cuestiones previas y el Parlament, la Generalitat y Manos Limpias continuarán como acusación. El resto de las cuestiones se valorarán en la sentencia que se dicte.

La vista oral se reanuda este martes con las declaraciones de los Mossos de Escuadra que estaban presente en el cerco al Parlament.

Cada uno de los acusados se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años y seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros y a diversas penas que solicitan las acusaciones.

La ronda de declaraciones de testigos por videoconferencia comienza el miércoles, con la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, quien testificará desde un despacho del Parlament. Y culmina el jueves, con la declaración del presidente de la Generalitat, Artur Mas, también por videoconferencia desde la Generalitat.

Sólo tres diputados declararán en persona ante el tribunal: Alfons López Tena, el miércoles, así como Salvador Milá Solsona y Joan Boada Masaver.

En la tarde del miércoles, y a través de una videconferencia desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, testificarán los diputados Ana Isabel Marcos Villar, Gerard Martí Figeras y Josep Maria Llop.

El jueves, a las 10 de la mañana, está prevista la declaración testificar del president Artur Mas y del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santiago Vila Vicente. Ambas declaraciones serán desde la sede de la Generalitat.

Una hora más tarde, el tribunal contectará con el TSJ de Cataluña, para escuchar la declaración de Jordi Turrull.