Publicado: 08.11.2013 07:00 |Actualizado: 08.11.2013 07:00

La Defensora del Pueblo alerta del riesgo de confundir a víctimas de trata con migrantes sin papeles

Soledad Becerril exige que se revisen los criterios para conceder el permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales basadas en la situación personal de las mujeres explotadas sexualmente, pues en 2011 sólo se otorg&oacut

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Algo falla cuando España sólo concedió en 2011 y 2012 tres autorizaciones de residencia a víctimas de trata que alegaron su situación personal para obtenerlas. Sobre todo, teniendo en cuenta que, según la Policía Nacional, hay 12.205 mujeres que podrían estar siendo explotadas sexualmente. Esta queja recurrente de las ONG encontró eco en la Defensora del Pueblo, que ha exigido que se revisen los criterios para conceder los permisos que permiten vivir y trabajar en nuestro país.

La institución que preside Soledad Becerril también ha detectado "dificultades" en el procedimiento de identificación de potenciales víctimas de trata, por lo que considera que debe ser revisado. También recomienda al Gobierno que, para reconocerlas a tiempo, cuenten con la colaboración de las organizaciones que asisten a las mujeres forzadas a prostituirse.

La Defensora del Pueblo, que durante el último año ha hecho un seguimiento del informe La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, también pide al Ministerio del Interior que corrija el procedimiento de identificación de las personas "interceptadas intentando acceder irregularmente a territorio nacional". Becerril entiende que los agentes deben detectar "indicios razonables" y no centrar su actuación en la "autoidentificación" de las víctimas. 

La institución pretende que no sean tratadas como simpapeles sino como ciudadanas vulnerables que son o van a ser explotadas sexualmente por mafias. En cuanto a las víctimas que son identificadas en clubs y pisos, Becerril denuncia que en muchas ocasiones su colaboración "no es considerada suficiente desde el punto de vista policial al no aportar datos esenciales". Denunciar a los proxenetas, con el objetivo de desarticular las redes que explotan a las mujeres, es la otra figura contemplada por el Gobierno para que las extracomunitarias puedan obtener los permisos.

"Sin embargo, el bajo número de autorizaciones de residencia concedidas (58 en 2011 y 66 en 2012) unido al también escaso número de períodos de restablecimiento y reflexión concedidos, ha de llevar a una revisión del procedimiento establecido", señala la Defensora del Pueblo en la revisión del informe, donde subraya que su falta de claridad provoca que las resoluciones se demoren.

- Correo (trata@policia.es) y teléfono de atención a la víctima de trata: 900 10 50 90