Publicado:  06.03.2011 09:15 | Actualizado:  06.03.2011 09:15

El fin del petróleo barato obliga a un cambio de hábitos

El oro negro no volverá a los 20-30 dólares por barril a los que cotizaba hace siete años. La necesidad de reducir la dependencia del crudo forzará nuevas prácticas en la movilidad, el urbanismo y el uso de la energ&i

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La era del petróleo barato se acaba. Tras el respiro de 2009, propiciado por la mayor crisis global desde la Gran Depresión, los precios del crudo llevan dos meses por encima de los cien dólares por barril. Han rebasado la "zona de peligro" para la recuperación mundial de la que advirtió en enero la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Aunque en el mundo del petróleo, como en otros ámbitos de la economía, la realidad suele dejar en evidencia a quien se atreve a hacer pronósticos, todo indica que los tiempos en los que el barril cotizaba en torno a 20-30 dólares (no hace tanto: sólo siete años) no volverán. Mariano Marzo, uno de los mayores expertos del sector en España, es tajante al respecto: "Está más claro que el agua", dice.

De hecho, el denominado peak oil (punto máximo de la producción de crudo) se alcanzó en 2006 para el petróleo convencional (el de mayor calidad y más fácil de extraer), como recuerda Marzo, catedrático de recursos energéticos de la Universidad de Barcelona. En noviembre pasado, la AIE ya avisó de que la producción está retrocediendo a un promedio del 7% anual. Y los acontecimientos en Libia y otros países productores han espoleado el repunte de precios, que comenzó a finales de 2010, por la mayor demanda de los países emergentes.

Ernst & Young cree que la eurozona entraría en recesión con el barril a 150 $

La revolución de los jazmines ha activado las alarmas: ante el repunte de la inflación, el Banco Central Europeo (BCE) ha advertido de una posible subida de los tipos de interés que puede hacer mucho daño a España, a la cola en la salida de la crisis. Según la consultora Ernst & Young, un barril de Brent (de referencia para Europa) a 150 dólares (ahora ronda los 115) precipitaría a la zona euro a otra recesión. Para España, pinta peor: si el barril se mantiene de forma sostenida entre 135 y 140 dólares, el PIB volvería a caer este año, según Marie Diron, responsable del estudio, que advierte del "riesgo" de nuevas turbulencias financieras, que podrían golpear a España incluso con el barril por debajo de esa franja de precios.

Algunos analistas, como Emiliano Carluccio, coordinador del boletín de inflación de la Universidad Carlos III, tachan ese pronóstico de "simplificación". Pero lo que parece evidente es que España, con una de las mayores tasas de dependencia energética de la UE y una histórica propensión al derroche (su intensidad energética, que mide la cantidad de energía necesaria para producir riqueza, es de las mayores de la UE-15) tiene desde hace años una asignatura pendiente: ser más eficiente en el uso de la energía.

Como dijo el pasado viernes el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, "cada vez que sube el petróleo, el país las pasa canutas". De mantenerse los precios actuales, España cerrará el año con un déficit energético de 46.000 millones de euros. Un dinero que va directo a los países productores, y que no se puede "utilizar para invertir en España y crear empleo", en palabras del ministro de Industria, Miguel Sebastián. Ese desequilibrio encarece la deuda pública española, en un momento de tensión en los mercados. "Supone un empobrecimiento para el país", dice José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.

En España bastaría que se mantuviera a 135 $ para que volviera a caer el PIB

El plan de ahorro aprobado el pasado viernes ha generado polémica por medidas como la limitación temporal a 110 km/hen las carreteras. Consiga o no su objetivo (reducir un 5% las importaciones de crudo), el paquete ha logrado algo inédito hasta ahora: colocar la eficiencia energética en el centro del debate. Como dice el director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Alfonso Beltrán, "lo importante es trasladar a la opinión pública que esto es cosa de todos; y que se hable de ello, aunque sea mal, es bueno".

Esta semana, el Centro Complutense de Estudios e Información Ambiental y la Fundación Conama han publicado un informe, Cambio Global España 2020/2050, que aporta fórmulas para reducir un tercio el consumo de petróleo del país de aquí a 2030. Muchas propuestas dependen de decisiones de la Administración; otras, de los ciudadanos. Como señala Mariano Marzo (participante en el estudio): "Tenemos que asumir que no somos los nuevos ricos que éramos antes de 2008". Marzo aboga por "ajustarse a la nueva situación" y hacer "lo que hacían nuestros padres: utilizar el sentido común". Un sentido común que introducirá cambios en nuestra actual forma de vida.


Es de cajón: si el usuario no conoce el precio real de la energía, la derrocha. Es lo que ha pasado en los últimos años con la luz. Para evitar impopulares subidas de precios, los sucesivos gobiernos han reconocido a las eléctricas la diferencia entre el coste de generar la luz y su precio final a través del déficit de tarifa. Resultado: un agujero de casi 20.000 millones que los usuarios pagarán, con intereses, durante décadas. Para José Carlos Díez, la última (e histórica) subida de la luz (9,8%) es "una gran medida, aunque a nadie le guste; es la más oportuna de la historia de España, porque ha sido justo antes de esta crisis". Además de nuevas subidas del recibo a medio plazo, es esperable un alza de la fiscalidad de los carburantes, que es inferior en España a la media de la UE. Los expertos abogan por introducir tasas ambientales para desincentivar la demanda de combustibles fósiles. Y el impuesto de hidrocarburos encaja en esa definición.

Algunos estudios ven viable reducir el consumo de petróleo un 33% en 20 años


En este capítulo, España está haciendo los deberes. Prevé que el 22,7% de la energía en 2020 sea renovable (ahora no llega al 9%), frente al 20% que exige la UE. La apuesta, vital para un país sin petróleo, puede calificarse de éxito (algunas de las empresas punteras del sector son españolas), aunque tiene su coste: al ser tecnologías aún no rentables (están subvencionadas), encarecen el recibo de la luz. La Subcomisión del Congreso que analizó la estrategia energética a largo plazo (que pasó de puntillas sobre la cuestión nuclear) recomendó repartir el coste de las subvenciones entre todos los consumidores (no sólo los de electricidad).


Los vehículos eléctricos desperdician menos energía que los de combustión interna, emiten menos CO2 y, en el caso de España, su introducción masiva permitiría apuntalar el crecimiento de las renovables, al aprovechar su producción nocturna (ahora se pierde). Pero tienen tres barreras pendientes: el coste de las baterías, su autonomía y el tiempo de recarga.


El déficit energético empobrece al país y encarece su deuda pública

En este punto, abundan las ideas: Londres, Estocolmo o Milán ya imponen un peaje a los automovilistas, que puede estar vinculado al número de viajeros (a mayor número, menor es la tasa); muchas grandes capitales han peatonalizado buena parte de sus centros urbanos, cobran por aparcar y restringen la circulación de ciertos vehículos (como camiones o furgonetas) en horas punta. El denominado traffic calming (medidas para reducir la velocidad, como resaltos, glorietas y bolardos para restringir el acceso al centro histórico) ya está en muchas ciudades. La tendencia es priorizar el transporte público en detrimento del privado e incentivar la reducción del parque de vehículos, haciendo innecesario el ser propietario de un coche para desplazarse. En el ámbito urbano, no hay medio de transporte más eficiente que la bicicleta. Barcelona ha sido pionera en España en el fomento de su uso, mediante carriles exclusivos y un sistema de alquiler de bicis públicas, aunque el gran referente europeo es Ámsterdam.

Hay propuestas que, a buen seguro, generarían polémica, como la figura de los "derechos de movilidad": títulos negociables (como acciones) que permitirían comprar o vender los kilómetros que tiene derecho a recorrer un automovilista por la ciudad.


Las ciudades europeas concentran el 80% de la población (70% en España), consumen el 75% de la energía y emiten el 80% de los gases de efecto invernadero. El modelo de ciudad difusa (grandes suburbios alejados de los centros de trabajo y formados, a menudo, por viviendas unifamiliares) incentiva el transporte privado, la urbanización masiva (España tiene más viviendas y kilómetros de autopista per cápita que el resto de países europeos) y el derroche de recursos: recoger los residuos y proveer de agua, energía y servicios en este entorno es mucho menos eficiente. Los expertos reclaman ciudades compactas, que propicien el transporte público y acorten los desplazamientos. Un modelo, de nuevo, es Barcelona.


Para desincentivar el uso del coche, nada mejor que el teletrabajo, que está especialmente indicado para profesiones liberales. Cuando esto no es posible, los expertos proponen aumentar la flexibilidad horaria, para aplanar los periodos de hora punta y disminuir los atascos. También plantean la posibilidad de horarios comprimidos de cuatro jornadas de diez horas, en lugar de cinco días con ocho horas. Más fórmulas: adoptar planes de transporte para empresas, incentivos al carpooling (compartir el coche propio) y el carsharing (lo mismo, pero para vehículos de alquiler) y el parking-cash-out: convertir el derecho a la plaza de parking de un empleado en un aumento de sueldo.


El estudio de Conama propone rehabilitar 500.000 viviendas al año hasta 2050 para permitir un ahorro energético del 50%. Además, asegura que las viviendas de nueva construcción pueden tener un consumo de energía un 80% inferior a la media. Con ello, en 2050 se reduciría un 46% la demanda energética del sector residencial y de servicios. Las fórmulas son variadas: optimizar la radiación solar de las casas, mejorar su aislamiento térmico, controlar la ventilación y el intercambio de calor y utilizar calderas y climatizadores eficientes.


No por sabido está de más recordarlo: desactivar el stand-by de los aparatos electrónicos permite reducir hasta un 5% el consumo de los hogares. Según el IDAE, el 16% del consumo eléctrico en España se debe a los más de 70 millones de electrodomésticos existentes. Y hay una gran diferencia entre los dispositivos con calificación de eficiencia A y G (la más alta y la más baja, respectivamente). Los primeros consumen un 55% menos que la media y los segundos, un 125% más. José Luis García, responsable de Energía de Greenpeace, reclama que la UE exija un estándar determinado de eficiencia. "Actualmente, el etiquetado energético sólo tiene carácter informativo", recuerda.

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