Publicado: 15.01.2014 08:19 |Actualizado: 15.01.2014 08:19

Denuncian al Gobierno británico ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra en Irak

El bufete de abogados Public Interest Lawyers presentó el martes la denuncia formal, basada en un informe que recoge cientos de casos de violaciones de Derechos Humanos y está avalado por Centro Europeo de Derechos Humanos Constitucionale

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El Gobierno del Reino Unido, su Ministerio de Defensa y los altos mandos del Ejército son culpables de crímenes de guerra y de la violación sistemática de los Derechos Humanos durante la guerra de Irak, según un dossier de 250 páginas que el bufete de abogados inglés, Public Interest Lawyers (PIL), hizo público ayer en el colegio de abogados en Londres, y que se presentará como denuncia formal ante el Tribunal Penal Internacional.

"Es un momento histórico", declaró Phil Shiner, el abogado que lidera el equipo de PIL. "El Gobierno británico pensaba que podría evadir la responsabilidad por sus crímenes, pero no es verdad." El dossier tiene el respaldo del Centro Europeo de Derechos Humanos Constitucionales (CEDHC) y ha sido elaborado con la ayuda de siete catedráticos y profesores de derecho internacional.

La denuncia de PIL adopta una estrategia novedosa. "No se basa principalmente en el testimonio de las víctimas", explica Shiner, "sino en la documentación del Ministerio de Defensa, sobre todo los manuales de entrenamiento del Cuartel de Chicksands, donde se entrenaron los soldados en las técnicas que denunciamos. Coinciden exactamente con lo que dicen las victimas." Además, según PIL, hay cientos de horas de grabaciones de vídeo de interrogaciones brutales que el Ejército elaboró para mejorar su material didáctico. "Algunas de las víctimas", añade Shiner, "aparecen en estos vídeos de entrenamiento".

"Vamos a por los ministros, el alto estado mayor, los coroneles de brigada" Otra novedad es que la denuncia no va dirigida contra los culpables directos. "Vamos a por los ministros, el alto estado mayor, los coroneles de brigada", dice Wolfgang Kaleck, abogado y director del CEDHC. "La tropa siempre puede decir que seguía ordenes y hacía lo que se le había enseñado. Paradójicamente, es más fácil procesar a los mandos que a la tropa porque tienen que demostrar que ejercieron su responsabilidad de mando."

El dossier, basado en 400 casos muy detallados, y acompañado de una cuidadosa argumentación jurídica, tiene como objetivo obligar al tribunal internacional, que siempre ha sido muy selectivo con sus casos, a que lo admita a trámite y a iniciar un proceso.

Desde su fundación en 2002, el Tribunal Penal Internacional sólo ha investigado o procesado a africanos, desacreditándolo ante gran parte de la opinión publica internacional como una corte de países poderosos, como un tribunal donde sólo se procesa a los que se han opuesto a los intereses occidentales. Jamás ha contemplado, ni siquiera como investigación preliminar, denuncias bien fundadas contra Tony Blair, George Bush o políticos y militares israelís.


La respuesta del Gobierno británico es la habitual. Según William Hague, ministro de Asuntos Exteriores, se trata de casos aislados que no tienen por qué ser investigados por el tribunal internacional porque la Justicia británica es competente. Sin embargo, el cúmulo de las revelaciones en este y muchos otros casos, junto con las escasísimas condenas, hacen esta postura insostenible.

El caso de Baha Mousa es ilustrativo de lo que ha ocurrido, y de la incapacidad de la justicia inglesa para procesar a los culpables al ser continuamente frustrada por un Ministerio de Defensa que oculta o no facilita datos.

En el momento de su detención Mousa trabajaba de recepcionista en el hotel de su padre en Basora. No se le conocía actividad subversiva. Al final de un suplicio de 36 horas, murió a causa de una paliza salvaje en la que, según la sentencia judicial, "intervinieron muchos soldados" del Queen's Lancashire Regiment, cuerpo protagonista en otros casos de maltrato. Una autopsia identificó 93 heridas.

Siete soldados fueron procesados en consejo de guerra, pero sólo uno fue condenado. El cabo Donald Payne se declaró culpable del delito menor de "trato inhumano", convirtiéndolo en el primer soldado británico en admitir un delito de guerra. Se sospecha que el Ejército lo obligó a sacrificarse para satisfacer las necesidades de la Justicia y la opinión publica. Que Mousa había sido asesinado era innegable. Alguien tenia que caer. Mejor uno que muchos.

El presidente del consejo de guerra, el juez Ronald McKinnon, en sus comentarios de conclusión, denunció que "es obvio que el Ejército ha cerrado filas para evitar condenas".

Pero fue tan escandaloso que fue necesaria una investigación judicial especial a cargo del magistrado Sir William Gage para aclarar lo ocurrido. Gage no se quedó corto: nombró a todos los culpables incluyendo el coronel Jorge Mendoca, el teniente Craig Rodgers, el major Michael Peebles, el médico de brigada Dr Derek Keilloh y hasta el cura católico de la unidad Peter Madden "que tenía la obligación de denunciar lo que había visto".

"Es muy difícil asesorar jurídicamente cuando se contradice la línea del Gobierno La teoría de la manzana podrida, actuando contra órdenes, es imposible de sostener dado que en 2011 el teniente coronel Nicholas Mercer, jefe de la abogacía de ejercito británico en Iraq, con una carrera militar impecable y distinguida, declaró que en 2003 ya había informado al Gobierno, de manera clara e inequívoca, de que muchos de los métodos de interrogatorio que se estaban utilizando eran ilegales. Lo ignoraron. Cuando persistió con sus quejas, le amenazaron con el cese.

"Es muy difícil asesorar jurídicamente cuando se contradice la línea que el Gobierno quiere imponer", ha declarado Mercer a la televisión Channel Four. "Hay una ambivalencia moral hacia los derechos humanos que va hasta la cúpula del Ministerio de Defensa." La Cruz Roja Internacional respaldó a Mercer en su informe de lo que ocurría.

Andrew Williams, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Warwick y autor de un libro sobre el caso Mousa (ganador del Premio Orwell al mejor libro político), también rechaza rotundamente el prejuicio, muy extendido en la opinión publica inglesa, de que la tortura y los crímenes de guerra son cosa de países menos civilizados y que, si ocurre, es cosa de alguna manzana podrida que actúa sin autorización. Califica el caso Mousa como "muy británico".

"Una paliza salvaje como la que causó la muerte de Mousa no tiene nada de específicamente inglés. Ocurre en todas las guerras coloniales. Pero el empeño en presentar el caso como algo excepcional o insólito es muy característico de la duplicidad ética del Reino Unido al verse obligado a cuidar su imagen internacional. La denuncia ante el Tribunal Penal Internacional, basado en un análisis detalladísimo de cientos de casos, muestra que, al contrario, se trata de una estructura de comportamiento institucionalizada que incluye a los altos mandos".

No es que el Ejército británico sea más brutal o adepto a los crímenes de guerra, aunque los regimientos escoceses si tienen merecida fama de ser brutos. Dado que la falta de disciplina y orientación es a menudo un factor importante en los crímenes de guerra, el Ejército británico es probablemente uno de los que mejor se comportan. Pero puesto que el Reino Unido está continuamente en guerra, los casos se acumulan. En cada año desde 1945 los ejércitos británicos han estado en guerra en alguna parte del mundo - menos en el año 1968 - y casi siempre en guerras coloniales. Todas las guerras coloniales son sucias.

Que el Ejército británico sea el más disciplinado del mundo también significa que los crímenes de guerra, cuando ocurren, tienen que tener el pleno conocimiento de los superiores. El argumento es de doble filo.

¿Se verá Tony Blair algún día sentado en el banquillo de La Haya? Es la gran asignatura pendiente de la Justicia internacional. "La denuncia que se presenta ante el tribunal penal internacional", dice el profesor Williams, "trata exclusivamente de asuntos del comportamiento militar en guerra y no toca el asunto de la legitimidad de la guerra. Pero sin duda pone sobre el tapete la responsabilidad de quien empezó una guerra."

John Laughland, codirector del Institute of Democracy and Cooperation, y autor de un libro sobre el tribunal internacional, se muestra más pesimista: "Es una situación muy anómala. Por una parte, tenemos un tribunal muy parcial que sólo procesa a africanos y rechaza contemplar los delitos de las potencias occidentales. El célebre abogado Jacques Vergès lo intentó muchas veces y fracasó. Por otra parte, hay una montaña creciente de pruebas de delitos de guerra en Irak y Afganistán que no se puede ignorar", concluye.