Carmen Negrín, nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín, presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los diez magistrados de la Audiencia Nacional que acordaron paralizar las exhumaciones ordenadas por el juez Garzón en el marco de su investigación sobre los crímenes del franquismo.

Negrín acusa a estos diez jueces de haber tomado, “a sabiendas una decisión injusta”, ya que otros “cinco magistrados –los que votaron en contra de la medida– les estaban advirtiendo de ello”. La acusación se extiende también sobre el fiscal que instó a la suspensión de los trabajos iniciados por Garzón, contra quien la nieta del ex mandatario republicano se querella sin especificar su nombre.

La Audiencia Nacional acordó el pasado 7 de noviembre, por diez votos contra cinco, paralizar la exhumación de todas las fosas investigadas por Baltasar Garzón. Los magistrados adoptaron esta medida en una reunión convocada con carácter extraordinario, tras recibir un escrito de la Fiscalía solicitando la paralización de los trabajos de exhumación.

Ahora, la nieta de Negrín pide que se tome declaración a todos los magistrados que “aceptaron una petición del fiscal presentada al margen del procedimiento, sin interponer previo recurso”. También critica que se haya dictado la orden “sin dar traslado a las partes ni oírlas”. Negrín estima que los jueces “han tergiversado los hechos de la causa y se han apartado gravemente de la ley, causando daño a las víctimas”.

El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si admite a trámite esta acusación o si por el contrario opta por archivar la causa.

Intelectuales, con Garzón
Por otro lado, un grupo de intelectuales y artistas, en el que figuran José Saramago, Ian Gibson, Juan Goytisolo, Ernesto Sábato, José Luis Sampedro, Paco Ibáñez y Pilar Bardem, promueve un manifiesto de apoyo a la causa abierta por Garzón sobre la desaparición de más de 110.000 personas durante la Guerra Civil y la dictadura.

El manifiesto, que será presentado el próximo jueves en Madrid, lamenta el “desproporcionado ataque” a la labor del magistrado lanzado “desde ámbitos determinantes que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes”.

El comunicado reclama que las “vidas conmovedoras” de los desaparecidos del franquismo y “su sacrificio a favor de la libertad”, junto a las de los represaliados, sean “reconocidos sin distinción” por quienes se consideran “sensibles y demócratas”, como “parte inolvidable del sacrificio español del siglo XX”.