A partir del 1 de enero de 2011, cualquier español, viva donde viva, tendrá derecho a recibir acceso a Internet a una velocidad mínima de un mega por segundo y a un precio asequible, según anunció ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián. El Gobierno va a incluir esta obligación dentro del llamado servicio universal.

El anuncio levantó ampollas a ambos lados de la pantalla del ordenador. Los internautas consideran que el Ejecutivo debería ser más ambicioso y establecer una velocidad mínima más alta (la oferta más demandada en toda España está entre tres y seis megas). Las operadoras creen que es 'un disparate' que se las obligue a cargar con inversiones que no sean rentables.

Las compañías se oponen a invertir en zonas que no sean rentables

Sebastián, que inauguró ayer en Madrid la III edición del Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), puso fecha a un espinoso asunto. Se desconoce la demanda que puede aflorar una vez se establezca como obligación el acceso a un mega con precio limitado.

No se trata sólo de dar servicio a aldeas desperdigadas en el corazón de Galicia, imagen recurrente que surge cada vez que se habla de salvar la brecha digital. Se trata de crear infraestructuras para dar un mega mínimo a segundas residencias en la costa o en pueblos, o a municipios con núcleos de población alejados de una central telefónica. La velocidad de acceso a Internet depende de la distancia que haya entre el hogar del usuario y la central. A más distancia, menos velocidad.

Para hacerse una idea de cómo puede estar de extendido el problema, hasta hace un año, Telefónica ofrecía lo que llamaba ADSL Rural. En ese concepto se incluían áreas de Barcelona, Alcalá de Henares, Madrid y Hospitalet, por ejemplo. Sólo había 65.000 líneas con un acceso de medio mega contratado. Nadie se atrevía con más. Recibir acceso de un mega tenía un precio de 90,98 euros al mes, cuando la de tres megas en la oferta general era de 39,90 euros. La CMT obligó a Telefónica a equilibrar aquellos precios y la compañía invirtió 70 millones para mejorar un millar de centrales. Se desconoce cuántas líneas más podría ser necesario mejorar todavía para lograr el mega mínimo.

Los usuarios piden una norma con una velocidad mínima más ambiciosa

La opción más factible podría venir de la mano del acceso a Internet a través de la red de telefonía móvil, que ya supera el mega en el 85% de la población. En fijo, el único dato que ha facilitado Industria es que el 99% de los españoles puede acceder a Internet al menos a 256 kbps (un cuarto de mega).

El servicio universal fija 'las prestaciones (telefónicas) que deben garantizarse a todos los usuarios finales, a precio asequible y con independencia de su localización'. Hasta ahora, la ley obliga a facilitar una línea fija, una guía telefónica al año y suficientes cabinas públicas.

El Gobierno tiene por delante un considerable trabajo si quiere cumplir su promesa. Telefónica es la compañía obligada a prestar el servicio universal, pero su obligación finaliza el 31 de diciembre de 2010. Antes, tendrá que convocarse un concurso para saber qué operadores están dispuestos a prestar el servicio en 2011. Las compañías comentan que, para atraer a candidatos, deberán definirse qué ayudas irán destinadas a las nuevas infraestructuras.

Aun así, las operadoras tendrán que correr con una parte de los gastos. Telefónica fue durante años la única obligada a costear el servicio universal, pero la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) decidió en 2007 que ya había otras con ingresos suficientes como para contribuir. La CMT obligó a Vodafone y Orange a pagar a Telefónica un 30% del coste de 2003, 2004 y 2005, que ascendía a 182 millones de euros. Para 2006 y 2007, se ha fijado en más de 70 millones cada año. El 50% de esa cifra es por dar servicio en zonas no rentables.