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"La verdad sobre los desaparecidos está bajo tierra"

La sociedad civil de Cachemira busca a miles de víctimas del conflicto que sufre esta región disputada por India y Pakistán

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Los soldados nos dijeron que los cuerpos venían de Pakistán y habían sido capturados en la Línea de Control (LdC). A veces los traían en vehículos, otras los arrastraban de los pies, por los caminos que descienden de las colinas. Entonces los dejaban tirados en la plaza principal, de día o de noche, daba igual. Reclamábamos que al menos los enterraran. Pero no les importaba y se largaban', cuenta Reyaz Ahmad (nombre falso), sin demostrar su aflicción. Haber sido el sepulturero de Sogam (Cachemira), ha eliminado de su rostro el espanto que causa el horror. Un semblante bastante arrugado a sus 35 años, de tanta muerte que ha pasado ante sus ojos.

En este pueblo de casas de madera, agricultores de arroz y comerciantes de telas, todos han visto pasar un muerto por sus polvorientas calles. Aunque no lo quisieran, aunque se taparan con las manos para no ver. Tuvieron que acostumbrarse al reguero de cadáveres. El primero llegó en 1989. El último en 2008, 'porque la fosa se llenó y no cabía ni uno más'. Era el número 150.

'Los rostros venían desfigurados para que nadie los reconociera', dice un cachemiro

La explanada de tierra con su árbol de nogal en el centro terminaba así con su historia de mítines políticos y programas culturales. La plaza que había sido el corazón de la vida social en Sogam se convirtió en un cáncer en rápida metástasis.

'Los rostros venían destruidos, cortados y desfigurados. Los cuerpos desnudos, sin ropa ni documentos. No querían que nadie los reconociera. Uno llegó hasta pintado. Era un hombre mayor, que antes de morir tenía el cabello y la barba blancos. Pero cuando lo enterré, eran de color negro', relata Ahmad, con la aprobación impaciente de unas 50 personas. Todos quieren contar su relato, aunque a pocos metros de ahí, en la carretera que les comunica con el mundo, los fusiles del Ejército indio les vigilan.

A menos de 20 kilómetros de la conflictiva frontera entre India y Pakistán, Sogam es la punta del iceberg del descubrimiento de fosas comunes en Cachemira. Después de la masacre de Chattisinghpora, el 20 de marzo de 2000, la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas (APDP, siglas en inglés) constató que había sido una práctica extendida.

Las pruebas de ADN han demostrado que decenas de asesinados eran civiles inocentes

La polémica empezó después del asesinato de 35 miembros de la comunidad sij. El crimen fue atribuido a los separatistas cachemiros, así que el Ejército dio de baja a cinco supuestos militantes responsables. Al ser exhumados, las pruebas de ADN demostraron que se trataba de civiles inocentes. Todo indicaba que fue una conspiración para justificar la ocupación ante el mundo, pues en esos días estaba en Nueva Delhi el ex presidente estadounidense Bill Clinton.

La asociación ha registrado al menos 940 fosas, sólo en el distrito de Baramulla, uno de los más desgarrados por la violencia. 'El Gobierno no permite que nadie las toque, así que nuestra investigación se basa en el testimonio de las personas y el trabajo de campo', explica Parvez Imroz, fundador de APDP. Esta asociación surgió en 1994 como desenlace inevitable del encuentro entre madres, padres, hermanos y abuelos, que visitaban la Corte Superior de Justicia de Cachemira, en búsqueda de información sobre sus desaparecidos.

De la apertura de fosas en España y la Ley de Memoria Histórica, Imroz sabe bien poco. Pero conoce al juez Baltasar Garzón. 'Si puede, envíeme una copia en inglés de su libro Cuento de Navidad', solicita. Este abogado de profesión, está relacionado con la reparación de víctimas en otros países. Es miembro del Consejo de la Federación Asiática contra las Desapariciones Involuntarias (AFAD). APDP elabora un inventario de los desaparecidos y las fosas, junto a ocho organizaciones de la Coalición Sociedad Civil. Sus fuentes son los testimonios de personas como Reyaz Ahmad.

La palabra exhumación provoca silencios. Después de la reflexión, cada líder tiene su versión de por qué no se han realizado en seis décadas de conflicto. 'Primero el Gobierno indio debe reconocer lo que ha ocurrido. Pero ellos (los soldados) siguen aquí, en cada rincón. El problema aún no se ha resuelto', explica Mehbooba Mufti, líder de la oposición en la Asamblea de Cachemira. Aún hoy se repite como un karma desde las instituciones, que aquellos cuerpos pertenecían a 'militantes extranjeros' que cruzaron la frontera. Ni hablar de verificación.

'Es necesario olvidar', explica Abdul Gani, de la Conferencia Musulmana. En más de una ocasión ha participado en diálogos con el Gobierno. 'Pero esto no es Kosovo ni Serbia. No es posible trabajar sobre la memoria de los desaparecidos en un futuro cercano', añade. Para el movimiento por la autodeterminación más antiguo, el Frente de Liberación Jammu y Kashmir (JKLF), los tribunales son incapaces de afrontar la situación.

Las leyes marciales están hechas a la medida de la violencia, lo que ha permitido los abusos. 'El Gobierno de Nueva Delhi no respeta la decisión de los jueces; yo mismo estuve 18 años en prisión sin prueba alguna contra mí', explica Farooq Ahmad. Su orden de libertad debió ser emitida tres veces por la Corte Suprema, antes de que ser ejecutada.

Detrás de la escuela secundaria en Chehal Bimyar hay 203 cuerpos, una docena junto a la estación de Policía de Boniyar, 52 en Gagarhill... Todos saben perfectamente dónde se encuentran las tumbas. Casi siempre los propios habitantes ejercieron de enterradores improvisados. Pero nadie conoce su identidad. Si una persona era abatida en Chehal, por ejemplo, el Ejército trasladaba el cadáver algunos kilómetros hasta Gagarhill. Borraba la pista, cualquier indicio, que permitiera dar con el paradero.

El Gobierno admite oficialmente 3.429 desaparecidos, y de ellos sólo 110 bajo custodia. 'Hemos hecho 300 solicitudes de habeas corpus por detenciones. Una docena han sido resueltas, pero ningún responsable ha sido condenado. Los jueces no nos han proporcionado justicia', explica Mian Abdul Qayoom, presidente del Colegio de Abogados de Cachemira. Para la APDP son al menos 10.000 los desaparecidos. Según Imroz, para tener justicia es necesario conocer qué pasó con ellos: 'La verdad está bajo tierra'.