La Policía Nacional ha desarticulado una red internacional formada por ocho personas que tenía su base de operaciones en Barcelona y que ofrecía empleos falsos a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España.

Según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado, a los inmigrantes -se calcula que pueden haber sido al menos un centenar- se les exigían unas cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 5.000 euros.

En junio de 2009 la Policía detectó la existencia de una red internacional con base de operaciones en Barcelona, donde los detenidos tenían empresas legalmente establecidas relacionadas con la construcción y la rehabilitación de inmuebles, pero que llevaban a cabo actividades ilícitas, como la presentación de falsas ofertas de trabajo ante la Subdelegación del Gobierno en Cataluña para regularizar la situación administrativa de extranjeros en España.

El entramado, del que se tiene constancia que lleva operando desde hace al menos dos años, estaba perfectamente estructurado y jerarquizado, han informado las mismas fuentes.

Unos integrantes de esta red dirigían las operaciones, otros actuaban como intermediarios recibiendo todo o parte del dinero y otros se dedicaban a la captación de clientes.

Los administradores de las empresas implicadas obtenían cuantiosos beneficios económicos con la comercialización de las referidas ofertas de empleo falsas y aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos extranjeros en situación irregular no dudaban en exigir cantidades que podían llegar a los 5.000 euros.

En la mayor parte de las ocasiones los ciudadanos extranjeros eran conscientes de que estaba efectuando un desembolso económico con el objeto de burlar la legislación vigente y poder obtener fraudulentamente su autorización de residencia, según la Policía.

También eran conscientes de que el trabajo nunca llegarían a desarrollarlo y que la presentación de la oferta de empleo ante la Subdelegación del Gobierno era un mero trámite, y que estaban obligados a satisfacer las preceptivas seis cuotas posteriores de cotización a la Seguridad Social.

La elevada cantidad de dinero desembolsada por las víctimas no siempre fue suficiente para conseguir los fines propuestos, ya que la mayor parte de las ofertas se denegaron al verificarse el escaso volumen comercial de las empresas solicitantes si se comparaba con la gran cantidad de solicitudes presentadas.

Los afectados explicaron a los investigadores que sabían que otros inmigrantes irregulares habían tenido conocimiento de la regularización de varios compatriotas mediante este sistema y se decidieron a pagar las cantidades que les reclamaban los integrantes de esta red.

A los ocho detenidos, cinco de origen paquistaní y tres españoles, se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsificación de documentos, estafa y asociación ilícita.