Quince meses después de que se descubriera el robo de 100 kilos de cocaína y heroína de los antiguos calabozos de la Jefatura de Policía de Sevilla, los agentes de Asuntos Internos han realizado las primeras tres detenciones. Una de ellas, la de un policía ahora en excedencia.

Él era, supuestamente, el encargado de sustraer del centro policial la droga en pequeñas cantidades y sustituirlas por sustancias de similar textura y color, entre ellas cafeína y yeso. Para dar el cambiazo, el agente aprovechaba que, como integrante de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), tenía acceso al almacén. Los investigadores no descartan detener a más policías.

El agente arrestado, Lars S.M., de 36 años de edad, solicitó la excedencia un mes después de que se destapara el robo, y había montado una tienda de motos y barcos de recreo en Sevilla. Compañeros de éste también señalan que poseía una vivienda de lujo en la capital andaluza. Fuentes policiales aseguraron ayer a Público que desde el principio fue el principal sospechoso. De hecho, su nombre fue facilitado por sus superiores en la

UDYCO a los agentes de Asuntos Internos nada más conocerse el robo, pero hasta ahora no había pruebas contra él. Éstas llegaron, según las mismas fuentes, gracias a otro de los detenidos,

M. A. N., alias Lolo, quien junto a su pareja, M. V. S. G., (también arrestada) presuntamente vendían la droga sustraída por el agente. Un conflicto entre ambos hombres allanó las pesquisas. Lolo y su compañera, a los que no se les conoce ningún trabajo regular, aunque él se dedicaba a la venta de coches 'fuera del círculo oficial', compraron en junio de 2008, días después de descubrirse el robo, una casa de veraneo en Islantilla (Huelva) por valor de 240.000 euros.

La Policía no ha podido recuperar ni un gramo de la droga sustraída, cuyo valor en la calle supera los cinco millones de euros. 'Ha pasado demasiado tiempo', apunta un investigador.

Un informe policial, desvelado por Efe en febrero, da cuenta de que la droga correspondía a siete alijos decomisados durante los últimos años.

Los jueces se vieron obligados a poner en libertad a varios presos

Los jueces, impelidos por los abogados de los procesados, se vieron obligados a poner en libertad a varios presos que estaban en prisión preventiva por narcotráfico.

El suceso saltó a la arena política y el PP pidió en marzo la dimisión del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, por no haber dado 'una versión creíble' del asunto.