Publicado: 21.04.2014 07:00 |Actualizado: 21.04.2014 07:00

Dos detenidos continúan en prisión un mes después de las Marchas de la Dignidad

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Acudieron a pedir "pan, trabajo y techo" y terminaron detenidos. Hoy, casi un mes después de participar en las Marchas de la Dignidad del 22-M, Miguel e Ismael continúan en prisión, acusados de atentados contra la autoridad, a pesar de los intentos de sus abogados —y de las miles de personas que pidieron su liberación— por desprestigiar la actuación policial de aquella jornada.

Pocos días después de la masiva concentración en Madrid que terminó con graves disturbios en la ciudad, la propia Unidad de Intervención Policial (la UIP, más conocida como el cuerpo de antidisturbios) puso en duda la "caótica" gestión de sus superiores en la organización de la vigilancia de las marchas llegadas de toda España. Además, los medios de comunicación descubrieron que la Policía difundió imágenes falsas de supuestos materiales utilizados por los manifestantes para atacar a los agentes. Una muleta cuyo extremo era un punzón y una riñonera con bolas de acero habían sido incautados en ocasiones anteriores a la movilización, pero las fotos de tales herramientas fueron distribuidas para intentar criminalizar a los detenidos el 22 de marzo

El primero de ellos, Miguel M.S., un joven residente en el barrio madrileño de Vallecas, fue detenido el propio 22-M, acusado de golpear en la cabeza a un agente con una piedra de grandes dimensiones. La Policía (y la Fiscalía) intentó acusarle de homicidio, aunque finalmente el juez Francisco Javier Tejeiro rebajó los cargos a lesiones, un delito tipificado en el Código Penal con penas de entre uno y cinco años de prisión. Sin embargo, su abogado, Jesús Calpe, ha recurrido la orden de ingreso en prisión argumentando que "no hay pruebas suficientes" que le vinculen a tal agresión

"Voy todo de subidón porque en las cargas de Recoletos fuimos capaces de rodear a un policía y yo le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo. Mañana lo veréis en las noticias, quedó inconsciente, se lo tuvieron que llevar arrastrao", dijo Miguel, según el auto de envío a prisión. Sin embargo, Calpe asegura que esas declaraciones —que su defendido niega rotundamente haber realizado— se basan sólo en el testimonio de un policía de paisano que siguió a Miguel durante la manifestación hasta que le detuvo

22M Batalla campal tras la Marcha de la Dignidad

En el caso de Ismael N.C. (Isma, como le llaman sus compañeros) fue algo diferente. Él fue uno de los arrestados en la operación Puma 70, en la que la Policía arrestó a once personas en una redada organizada días después de la gran marcha. Según un vídeo de la Policía Nacional, varios de los detenidos, sino todos, se encontraban en ese momento en su casa o en su puesto de trabajo. Se les acusaba de delitos de desordenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Varios de los arrestados ya habían sido citados para declarar ante el juez pocos días después de esta detención, por lo que sus abogados no entendían a qué se debían los arrestos. ¿El resultado? Ismael, en prisión sin fianza acusado de un delito de desordenes públicos, otro de atentado contra la autoridad agravado con utilización de medio peligroso y dos delitos o falta de lesiones. por agredir a los agentes — según fuentes policiales— con piedras y una señal de tráfico "de más de dos metros".

Todavía queda por dilucidar con exactitud qué ocurrió durante aquella jornada, vigilada —muy a pesar de Esperanza Aguirre— por agentes de la OSCE (Organismo para la Seguridad y Cooperación en Europa), aunque aún no se ha pronunciado al respecto. Para la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, los manifestantes "intentaban matar policías". Para los organizadores de la masiva movilización, la propia Policía infiltró a agentes que provocaron los disturbios para que los telediarios no abrieran con imágenes positivas de las Marchas de la Dignidad. Y para los abogados de los detenidos no está suficientemente demostrado que ellos fueran los responsables de las agresiones a agentes. Lo que sí tienen claro, en palabras de Calpe, es que "es preferible que un culpable esté en libertad, que un inocente en la cárcel".

http://WWW.QUONERS.COM/q/ley-seguridad-ciudadana-derecho-de-manifestacion