Amnistía Internacional ha recordado la lucha que muchas personas han emprendido para pedir justicia por los desaparecidos, especialmente a los "desaparecidos forzados" y los casos sin resolver, con motivo de celebrarse hoy el Día Internacional de los Desaparecidos.

Cientos de miles de casos de desaparición forzada siguen sin resolverse y cada año se denuncian nuevos casos, como resultado de gobiernos que quieren acallar la disidencia, eliminar oposiciones políticas y persecuciones éticas o religiosas, según un comunicado de la sección española de Amnistía Internacional (AI).

Esta organización ha recordado que durante el conflicto armado de Kosovo más de 3.000 albaneses desaparecieron en manos de la Policía serbia, entre 3.000 y 5.000 personas desaparecieron en el segundo conflicto armado y la operación "antiterrorista" en Chechenia, y en México hubo al menos 700 casos de desapariciones forzadas durante la "guerra sucia" en las décadas de los 60 y 80.

En España, AI ha mencionado a los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y ha lamentado que el Gobierno español "no facilite información sobre los desaparecidos, limite las vías de acceso a la justicia a los familiares y no asuma su responsabilidad en materia de exhumaciones de acuerdo a la normativa internacional".

La desaparición forzada es un delito que se fomenta por el silencio de su entorno, sirve como arma de represión y está ideada para que las víctimas no tengan la protección de la ley, oculta la identidad de los responsables y el destino de las víctimas, ha explicado en el comunicado.

En este sentido, en 2006 la comunidad internacional propuso como herramienta para combatir la impunidad de este tipo de delito la "Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas", pero aún no ha entrado en vigor.

Esta convención internacional obliga a los Estados a garantizar que las desapariciones forzadas sean tipificadas en su legislación interna, de esta manera se protege a los testigos y se responsabiliza legalmente a toda persona involucrada.

De esta manera, "se reconoce el derecho de las familias a conocer la verdad y a obtener reparaciones", ha enfatizado la organización.

AI ha valorado de forma positiva el hecho de que España haya realizado todos los trámites necesarios para la ratificación de la mencionada convención a finales de este mes de septiembre.

Pero esta organización internacional también le ha pedido al Gobierno español que incluya las desapariciones forzadas en el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, con la intención de que sea un delito autónomo imprescriptible.