Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de la CEOE que recomendaba a los españoles trabajar más y cobrar menos para superar la crisis, se enfrenta desde este miércoles en la Audiencia Nacional a la primera de las causas que tiene pendientes con la justicia por varios delitos económicos. En este caso, el fiscal pide para él 2 años y 4 meses de cárcel por no pagar a Hacienda 99 millones de euros derivados de la operación de compra en 2001 de Aerolíneas Argentinas. Además, quiere que devuelva los 99 millones y pague otros 99 millones más de multa, de forma solidaria con Antonio Mata, expresidente de Air Comet que le acompaña en el banquillo de los acusados.

Díaz Ferrán, en prisión desde el 4 de diciembre de 2012 por otra causa --ocultar su patrimonio para no pagar a sus acreedores de Viajes Marsans-- alegó hoy que no sabía que debía tributar a Hacienda por los derechos de crédito por 272 millones de euros que obtuvo de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) en relación a la compra de Aerolíneas por Air Comet.

El ex jefe de la patronal, que llegó desde la cárcel de Soto del Real vestido con chaqueta de sport y corbata, y esposado (le quitaron las esposas durante la vista) ha mostrado su convencimiento de que no ha cometido 'ningún delito fiscal' en la compra de Aerolíneas Argentinas y que nadie --ni el auditor ni el Tribunal de Cuentas-- le comunicó 'nunca' que debía pagar impuestos a Hacienda por esta operación. 'Estábamos seguros de que no teníamos que pagar nada a Hacienda. Sé que no hay ningún delito fiscal ni lo ha habido nunca', ha dicho de forma tajante.

El que fuera jefe de la patronal se ha sentado este miércoles por primera vez en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel por la compra de la firma argentina y a una indemnización de 99,04 millones de euros por el impago del Impuesto de Sociedades derivado de la operación.

El fiscal Miguel Ángel Carballo considera que Díaz Ferrán, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, debían pagar impuestos por los derechos de créditos obtenidos por valor de 272 millones de dólares que la Sociedad Estatal de Participaciones Preferentes (SEPI) otorgó a Air Comet para saldar las deudas que acumulaba la firma argentina.

El ex dueño del Grupo Marsans ha reaparecido esposado en la Audiencia Nacional, visiblemente más delgado, vestido con camisa y chaqueta de color azul y portando una pulsera con la bandera de España, tras ser conducido desde la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra desde el 5 de diciembre por el vaciamiento del conglomerado turístico.

Díaz Ferrán se ha puesto en pie para declarar por el 'caso de Aerolíneas' y atribuir al ex presidente de Aerolíneas Argentinas y ex consejero delegado de Air Comet, Antonio Mata, la gestión pormenorizada de esta operación y las negociaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Preferentes (SEPI) para comprar la firma.

El empresario ha admitido que participó, en nombre de Transporte de Cercanías, en la firma del contrato de compraventa 'como garante de su cumplimiento', si bien no ha reconocido como suya la firma del contrato al ser 'un borrón irreconocible'.

'Estábamos seguros de que no teníamos que pagar nada a Hacienda por parte de Air Comet y lo sigo estando. No creo que haya ningún delito fiscal', ha indicado, para añadir que Air Comet cumplió 'fielmente' el contrato firmado para la adquisición.

Díaz Ferrán ha rememorado que los hechos se remontan al año 2001 cuando la SEPI tomó la decisión de sacar a la venta Interinvest, matriz de Aerolíneas Argentinas, entonces en suspensión de pagos y con unas pérdidas de 300 millones de dólares. 'Mi socio Gonzalo Pascual, Antonio Mata y yo pensamos que la adquisición podía resultar interesante', ha indicado.

'Mata hizo una oferta para la compra y después del atentado terrible de 2001 de las Torres Gemelas, tuvimos la valentía de comprar en aquellos momentos Interinvest con la idea de sacarlo adelante', ha afirmado el exlíder de la CEOE, para remarcar que intentaron reflotar a la compañía y que los consejeros de Air Comet no emitieron 'ninguna salvedad' a este respecto.

La SEPI vendió a los tres empresarios Aerolíneas Argentinas por el precio simbólico de un dólar y con el compromiso de hacerse cargo de la deuda. Por ello, entregó una suma millonaria, por la que los acusados deberían haber ingresado 99,04 millones a Hacienda, según el fiscal.

Tras un breve receso, Díaz Ferrán ha respondido sentado a preguntas de su abogado defensor, Nicolás González-Cuellar, ante quien ha insistido en que ni el Tribunal de Cuentas, ni los acreedores ni nadie le comunicó 'nunca' que debía tributar al fisco. 'Ningún acreedor puso de manifiesto que existiera alguna contingencia para Air Comet. He actuado convencido de que no hay que tributar al Estado español por esta operación', ha zanjado.

'Si hubiéramos creído que había que pagar algo, le habríamos pedido a la SEPI que lo aportara porque era prácticamente lo mismo que Hacienda', ha manifestado sobre la agencia estatal, para añadir que no podía acceder a la cuenta en la que SEPI ingresó los 300 millones de dólares. 'No se podía sacar ni un euro sin la firma de la SEPI', ha remachado.

'Con el dinero de esa cuenta se pagó a todos los acreedores, supongo que esos pagos se hicieron en la sede de la SEPI con cheques al portador', ha desvelado Díaz Ferrán, antes de hacer hincapié en que Interinvest fue la única beneficiaria de los aportes irrevocables y los créditos dirigido a sanear las cuentas de Aerolíneas.

Díaz Ferrán está imputado en varias causas abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, por apropiarse indebidamente de 4,4 millones de euros en la quiebra del Grupo Marsans y por simular la venta de sus empresas para eludir el pago a sus acreedores, además de por vender preferentes como miembro del Consejo de Administración.

El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid mantiene abierta otra causa en su contra por su participación en la quiebra de Seguros Mercurio, mientras que otro juzgado madrileño le consideró culpable de la bancarrota de Marsans.

Díaz Ferrán contestó sentado al juez en la segunda parte de la declaración. El juez Central de lo Penal que le juzga, José María Vázquez Honrubia, destacó que había permitido que declarase primero de pie porque le había visto en buena forma, teniendo en cuenta que tiene 70 años. Díaz Ferrán le contestó: 'No se crea'. Pese a que en otros procedimientos ha pedido acogerse al derecho a la justicia gratuita y contar con un abogado de oficio, en esta causa está defendido por Nicolás González-Cuéllar, miembro del prestigioso bufete penalista de ese apellido.