Los empresarios empiezan a ser conscientes de que algunas de sus peticiones no pueden llegar a buen puerto. Por eso, han decidido cambiarlas para adaptarlas al entorno de crisis actual. La CEOE, aseguró ayer Gerardo Díaz Ferrán a La Razón, está dispuesta a hacer "el sacrificio" de esperar a 2012 para lograr la rebaja de cotizaciones sociales que tantas veces ha reclamado en los últimos dos años, pero a cambio quiere que se bajen los salarios en determinados sectores empresariales. La bajada podría ser del 5%, imitando a los trabajadores públicos, aunque en algunas compañías tendría que ser superior para poder asegurar su supervivencia, aseguró Díaz Ferrán.

El presidente de CEOE no tiene ningún problema en que el Gobierno apruebe por decreto la reforma laboral. De hecho, ayer exigió al Ejecutivo que la firme cuanto antes. Pese a considerarla tan necesaria y urgente, los empresarios no harán grandes esfuerzos por conseguir el acuerdo con los sindicatos. "Es difícil que se llegue a un acuerdo" porque según Díaz Ferrán la postura de los sindicatos está muy alejada de la suya y el Gobierno sigue sin plasmar sus ideas en un documento escrito.

Confianza en el apoyo político

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sin embargo, todavía confía en que pueda llegarse a un acuerdo mañana, miércoles. Es la última oportunidad para el Diálogo Social. A partir de ahí, el Gobierno legislará de manera unilateral, aunque previamente intentará llegar a un pacto con los grupos parlamentarios, de los que espera "un amplio apoyo". Corbacho aseguró ayer: "El Diálogo Social sigue vigente y mientras haya reuniones, trabajamos con la voluntad de llegar a un acuerdo".

Si se produce lo previsible, es decir, que no haya acuerdo, el Gobierno podrá contar con casi total seguridad con el apoyo de CiU. Su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró ayer que respaldará la reforma laboral dada la delicada situación de la economía española, aunque con dos condiciones: que su contenido no sea un "simple maquillaje" y siempre que no se entere de su contenido por la prensa, informa Europa Press.

El ministro Corbacho defendió que la propuesta del Gobierno permitirá que tengan condiciones laborales más estables los siete millones de trabajadores que ahora cuentan con contratos precarios. Y precisó que su idea de crear un contrato con 33 días no pretende abaratar el despido sino mantener el derecho de indemnización del trabajador al tiempo que se "aligera el coste para el empresario".