La CAM tenía hasta el viernes 20 miembros en su Consejo de Administración. Se supone que todos ellos tenían que tomar las decisiones importantes de la caja porque para eso eran el máximo órgano de gobierno. Sobre todo las trascendentes. Sin embargo, en los últimos años se les ha negado la posibilidad de participar en algunas de las más relevantes para su futuro. Y quizá la principal fue la que había preparado el año pasado para ellos el Banco de España: la fusión con Caja Madrid.

El organismo supervisor, conocedor de las necesidades de la caja, dibujó esta integración antes de la que después se llevó a cabo con Bancaja para crear Bankia, pero los ejecutivos de la caja alicantina, sin tener en cuenta para nada al Consejo de Administración, rechazaron esta opción, que hubiera supuesto su salvación y que hubiera evitado que llegaran a la actual intervención.

El presidente y los directores generales tomaban las grandes decisiones

Varios miembros de aquel Consejo se quejan ahora de que no fueron informados ni siquiera de aquella operación tan relevante. Las decisiones dicen las tomaban el presidente, Modesto Crespo, y el director general hasta noviembre pasado, Roberto López Abad, con el apoyo siempre de su mano derecha (y hasta el sábado directora general), María Dolores Amorós.

'Nos lo contaron cuando ya habían rechazado la operación, una operación que estaba especialmente diseñada para nosotros y que hubiera supuesto nuestra salvación', asegura indignado uno de los exconsejeros recién apartados, consciente de que ahora es probable que el Banco de España abra a todos los miembros del Consejo un expediente sancionador por varias irregularidades cometidas por la caja, ahora convertida en Banco CAM.

'No puede ser que esto ocurriera', admite otro exconsejero, que reconoce que en aquel momento no le dieron más importancia y que asume que parte de esa decisión de rechazar la fusión pudieron tomarla desde el Gobierno regional presidido entonces por Francisco Camps. Así ocurrió un tiempo después con la integración que habían apalabrado Crespo y López Abad con Caja Murcia. Apenas dos días después de llegar a un acuerdo con Carlos Egea, presidente de la entidad murciana, decidieron echarse atrás por recomendación del Ejecutivo regional, aseguran fuentes conocedoras de aquellas conversaciones. Tampoco aquello se votó en el Consejo y eso que una parte importante de los representantes, un 25%, están nombrados por el Parlamento regional.

Los exconsejeros critican que no se haya obedecido al supervisor

El expediente sancionador llegará previsiblemente para todos los consejeros (y para algunos que cesaron en el cargo en años anteriores), pero el hecho de que varias decisiones no pasaran por el Consejo podría reducir su responsabilidad. Y al contrario para los ejecutivos que no trasladaron al Consejo decisiones importantes. La falta de información a los órganos competentes puede derivarse en la imposición de sanciones de hasta 500.000 euros por cada directivo e infracción, según la Ley de Disciplina Bancaria, que también puede utilizar el Banco de España para determinar que no existía una estructura de control de riesgos y de decisiones acorde con una caja de ese tamaño.

Varios consejeros, que unos días antes de que el Banco de España interviniera la entidad (a petición de la propia caja, pero después de que el supervisor hiciera el ofrecimiento como la medida menos traumática) se revelaron contra el presidente e intentaron imponer su mayoría, se quejan también de que ni siquiera se les informó a tiempo de la apertura del acta de inspección por la que se 'recomendaba' a la caja que calificara como dudosos o subestándar (previsiblemente dudosos en breve) créditos por importe de 6.000 millones de euros, lo que conllevaba grandes provisiones antimorosidad que debían restar de los resultados. De eso también se quejaron en Cajastur, Extremadura y Cantabria, las tres cajas con las que se pretendía fusionar la CAM, pero que rompieron antes de materializarse. El acta se abrió en diciembre y ellos se enteraron en febrero, aseguran fuentes de estas cajas.

Haberse callado la información durante un tiempo, pero sobre todo haber hecho caso omiso a las 'recomendaciones' del Banco de España puede conllevar a los ejecutivos más sanciones millonarias. La ley establece que constituye una infracción muy grave 'el incumplimiento de las políticas específicas que, con carácter particular, hayan sido exigidas por el Banco de España a una entidad determinada en materia de provisiones, tratamiento de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o sistemas'. Y también lo es 'la falta de remisión al órgano administrativo competente de cuantos datos o documentos deban remitírsele o requiera en el ejercicio de sus funciones, o su falta de veracidad, cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia de la entidad'.

Un exconsejero criticaba ayer que los directivos no hayan sido lo suficientemente hábiles como para entender que las recomendaciones del Banco de España no son tales, que son órdenes que uno no puede dejar de cumplir porque si no 'estás muy mal'. 'No han sabido entender la situación', concluía.