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El doctor Morín declara para determinar su responsabilidad en la clínica abortista de Madrid

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El doctor Carlos Morín ha declarado hoy en el juzgado número 35 de Madrid para determinar su responsabilidad en el Instituto CB Medical Ginemedex situado en la capital, cuyas actividades fueron suspendidas cautelarmente por la Comunidad de Madrid el pasado 10 de diciembre.

Según ha explicado su abogado, Francecs Campá, al término de la declaración, que ha durado en torno a una hora, Morín era "una especie de administrador principal" del centro madrileño, porque "tenía socios", por lo que la titular del juzgado, Gemma Gallego, intenta determinar si existe "culpa in vigilando".

El letrado ha señalado que el doctor Morín "venía dos ó tres veces al año a Madrid y desde febrero o marzo del pasado año no había vuelto a venir" y que así se lo ha explicado a la juez, que no ha acordado medidas cautelares contra el médico.

Además, el declarante ha negado que fuera su firma la estampada en un contrato de trabajo que le han mostrado durante el interrogatorio, por lo que se ha practicado una prueba, un cuerpo de escritura, para verificarlo.

La titular del juzgado ha decretado el secreto del sumario, en el que han declarado al menos el doctor Morín y un especialista en psiquiatría que trabajaba en el centro madrileño.

Un día después de suspender cautelarmente su funcionamiento, la Comunidad de Madrid denunció ante el Juzgado de Guardia las supuestas "graves" irregularidades detectadas en este centro de cirugía mayor ambulatoria e interrupción del embarazo bajo de riesgo.

La Consejería de Sanidad cree que esta clínica, situada en la madrileña calle de Zurbano, podría haber practicado abortos punibles penalmente y cometido delitos de "falsedad documental" e "intrusismo".

La denuncia indica que el centro Ginemedex habría falseado las historias clínicas y el libro de quirófano, al reflejar como ginecólogo y cirujano al doctor D.R.T, a pesar de no haber sido él, según las manifestaciones recogidas en las actas, el que realizaba las intervenciones y las historias clínicas, lo cual puede ser constitutivo de delitos de falsedad documental.

Además, al desconocer hasta el momento quién efectuaba los abortos, la Comunidad ha pedido que se investigue la posibilidad de que éstos no los realizasen médicos.

La denuncia recoge también que la persona que hacía las funciones de psiquiatra y firmaba informes para la realización de abortos, M.A.I.D., no tenía la titulación oficial, sino un Máster en Psiquiatría, lo que podría constituir un delito de intrusismo.