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Un documento apunta a que altos cargos ordenaron el genocidio de Guatemala

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha recibido hoy de una testigo el denominado Plan Sofía, un documento inédito que apunta que el genocidio cometido en Guatemala en los ochenta procedió de órdenes concretas de altos cargos militares y civiles del país para masacrar a la población indígena.

Dicho material ha sido aportado hoy por la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle, quien ha destacado a la salida de su comparecencia ante el magistrado que las órdenes de contrainsurgencia reflejadas en el documento siguieron toda la cadena de mandos desde la cúpula militar y civil guatemalteca hasta las tropas.

Los documentos hacen referencia al denominado plan Sofía 82, cuya existencia negaban las fuerzas armadas del país, y a la matanza cometida en el verano de 1982 en el departamento de Quiché, e incluye nombres como el del entonces presidente Efraín Ríos Montt o el viceministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía.

Así, el material cedido por Doyle, cuya existencia negaban las fuerzas armadas de Guatemala, vendría a respaldar las acusaciones que Pedraz ha vertido contra siete militares y civiles, entre ellos el general Ángel Aníbal Guevara y otros seis altos cargos, a los que acusó de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.

Según el juez, el genocidio de Guatemala causó más de 250.000 víctimas -45.000 siguen desaparecidas, de las que el 83 por ciento eran mayas-, se inició en España a raíz de la denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 1999.

En la causa también están personadas la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Justicia y Responsabilidad.

Pedraz escuchó ayer el testimonio del director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Freddy Cecerelli, que aportó un informe que desvelaba, según la acusación, que un 35 por ciento de las víctimas de una violencia "generalizada e indiscriminada" fueron niños y un 22 por ciento mujeres.

Además de los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas, el juez de la Audiencia Nacional también investiga la presunta participación de los imputados en el incendio de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde hubo 37 muertos, entre ellos Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel, y tres ciudadanos españoles.